Blablacar denuncia a España ante la CE por la actuación de Madrid

Blablacar explica que, tal y como se indicado en la denuncia presentada, las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid a BlaBlaCar y dos de sus usuarios son contrarias a la Directiva comunitaria sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, y a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios, protegidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Hace poco más de un mes, Blablacar denuncia a la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea por las mismas causas, pero procesalmente tenía que denunciar a España que es el Estado miembro y no uo de sus territorios.

Obstaculización a la actividad

Blaclacar argumenta la obstaculización a su actividad en tres aspectos: la exigencia de la Comunidad de Madrid de que los usuarios y la compañía cuenten con una autorización administrativa que no se ajusta a su actividad y ni siquiera podrían obtener y tampoco se exige en ningún otro territorio de la Unión Europea. La imposición de sanciones a dos usuarios sin fundamento legal aplicable y sin aportar explicación ni cálculo alguno sobre por qué entiende que existe ánimo de lucro; y que tales procedimientos se ven desproporcionadamente acentuados por las declaraciones públicas de las autoridades de la Comunidad de Madrid, “que producen un grave daño reputacional a la compañía al sembrar dudas sobre la legalidad de su actividad”.

Blablacar agrega que dichos obstáculos suponen “una vulneración de las libertades y derechos protegidos por el derecho europeo a prestar servicios de la sociedad de la información libremente dentro del mercado único”.

Excepción en Europa

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid impuso sanciones a dos usuarios de BlaBlaCar y a la plataforma por “ofrecer y facturar servicios de transporte de pasajeros sin la autorización requerida”. Tales sanciones no son firmes dado que están en proceso de recurso en España en vía administrativa y en las posteriores instancias judiciales previstas en la Ley española.

Blablacar, que cuenta con más de tres millones de usuarios en España, denuncia la exigencia por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid de contar con una autorización administrativa propia de los servicios de transporte, a una empresa que ofrece servicios de la sociedad de la información, desde un país miembro de la Unión Europea a otros 14 Estados miembros de la Unión.

Excepción en Europa

Blablacar recuerda que la propia Comisión Europea, instaba este mismo año en su Comunicación “Una agenda europea para la economía colaborativa” a sus Estados miembros a favorecer el desarrollo de la economía colaborativa y establecía que las plataformas que prestan un servicio de la sociedad de la información, como es el caso de BlaBlaCar, “no pueden ser sometidas a una autorización previa o a ningún requisito equivalente”.

El director general de BlaBlaCar España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, ha afirmado que “compartir coche es igual de legal hoy que lo ha sido siempre. Y es un derecho que vamos a defender hasta el final”. Por ello, frente a las sanciones, Blablacar continúa y continuará, según asegura Rodríguez de Santiago-Concha, agotando las vías administrativas y legales para recusar estas sanciones. Y añade: “las prácticas administrativas efectuadas por la Comunidad de Madrid vuelven a situar a España en una excepción incomprensible en Europa, obstaculizando una actividad que tiene más de 400.000 usuarios sólo en la propia Comunidad de Madrid”

Agrega que “Blablacar es una plataforma tecnológica, que opera exclusivamente de manera online, regulada por la Directiva de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que permite que sus usuarios, conductores y pasajeros, se pongan en contacto para realizar desplazamientos compartiendo gastos, sin ánimo de lucro. Blablacar no es una empresa de transporte ni los servicios que presta pueden considerarse una modalidad de transporte terrestre sujeta a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) y, por lo tanto, ni Blablacar ni los conductores afectados han incumplido la ley.

El hecho de que particulares se unan a una red social para conocer gente con la que compartir los gastos de un viaje no es ilegal y tampoco es una actividad de transporte público de viajeros ni de intermediación en el transporte.