​Aeronáutica boliviana aprobó el vuelo de LaMia 3 días antes del accidente

El texto está fechado el 25 de noviembre y lleva el membrete de la DGAC, el organismo que se encarga de la supervisión técnica de las aeronaves, así como la firma de uno de sus funcionarios, Christian Durán León, como responsable de ingresos, salidas y sobrevuelos.

Según este documento, el aparato, que se estrelló causando 71 muertos, entre ellos la mayor parte de la plantilla del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, contaba con la autorización de la DGAC para realizar operaciones desde el 27 al 2 de diciembre de 2016. Señala que el peso permitido era de 41.800 kilos y que el avión podía ser pilotado por los capitanes Miguel Alejandro Quiroga Murakami y Marco Antonio Rocha Venegas, el primero de los cuales falleció en la catástrofe en Colombia.

Además, indica que la nave contaba con permiso para efectuar múltiples operaciones de entrada y salida de Bolivia y sus destinos podían ser los aeropuertos brasileños de Sao Paulo, Río de Janeiro, Foz de Iguazú y Chapeco y los colombianos de Rionegro y Bogotá.

"Ellos -refiriéndose a los pilotos- estaban conscientes de que el combustible que tenían no era el adecuado ni era suficiente", dijo en una rueda de prensa el secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, coronel Fredy Bonilla, quien detalló que el piloto habló en varias ocasiones con la tripulación sobre la posibilidad de hacer una escala para repostar. A su paso por la ciudad amazónica de Leticia, el piloto, Miguel Quiroga, tuvo esa conversación con su tripulación y decidió seguir directo al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín. Las condiciones ambientales hicieron que el consumo de combustible fuera mayor, ya que el viento "afectó de forma contraria" durante parte del vuelo.

El accidente acabó con la vida de 71 personas.

La Administración boliviana culpó a la aerolínea y al piloto del accidente

El documento, de acuerdo con el periódico, fue enviado a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación (Aasana), institución que aprueba los planes de vuelo. El Gobierno de Bolivia culpó a la aerolínea Lamia y a su piloto de lo sucedido y pidió iniciar querellas criminales contra la empresa y la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo, quien estuvo a cargo de revisar el plan de vuelo del aparato, pero que ha rechazado ser la responsable de haberlo autorizado.

El abogado de Castedo, Guido Colque, dijo en las últimas horas a los medios que este documento demostraría que las autoridades aeronáuticas de Bolivia fueron las que autorizaron las operaciones y su cliente quedaría exenta de responsabilidad. Castedo, que se encuentra refugiada en Brasil, afirmó hace unos días a la prensa que en ningún momento se ha sentido responsable del accidente porque no es una autoridad. La exfuncionaria ha defendido que cumplió al haber expuesto ciertos cuestionamientos sobre el plan, en particular sobre la autonomía de vuelo y el combustible necesario para el trayecto hasta la ciudad colombiana de Medellín, pero la aeronave partió desde Bolivia.

La Fiscalía boliviana imputa a la extrabajadora los delitos de incumplimiento de funciones, uso indebido de influencias, desastres en medio de transporte, homicidio, homicidio culposo, lesiones gravísimas y lesiones culposas y anunció esta semana que lleva a cabo acciones para solicitar su extradición desde Brasil.

La falta de combustible fue la causa del accidente del avión de LaMia, según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil colombiana acerca del siniestro.