España es ya el segundo país europeo con más superficie marina protegida

Esta red, el principal instrumento para la conservación de la biodiversidad de la UE, incluye más de 27.000 espacios naturales con un alto valor ecológico aunque no procura el establecimientos de "santuarios" naturales sino que parte de que esos lugares han sido intervenidos durante siglos por el hombre y la riqueza biológica que albergan es fruto de esa interacción entre el hombre y la naturaleza.

El último "barómetro" de la Red Natura 2000 que ha publicado la Unión Europea, con datos actualizados en febrero de 2017, pone de relieve que el país con más superficie marina protegida es el Reino Unido, con 87.164 kilómetros cuadrados.

La UE suma más de un millón de kilómetros cuadrados amparados por esa figura de protección, de los cuales 395.500 pertenecen a los mares y océanos que bañan las costas europeas.

España cuenta una superficie marina protegida de 84.400 kilóetros cuadrados.

Los países con más superficie marina protegida son, además del Reino Unido y España, Francia (27.899 kilómetros cuadrados), Portugal (24.101), Alemania (20.938) y Suecia (20.160 kilómetros cuadrados).

Pero nuestro país sigue siendo, según el último barómetro de la Unión Europea, el país con más superficie (terrestre y marina) incluida en dicha red, ya que suma 222.276 kilómetros cuadrados que representan el 27,3% de la superficie y se extiende por un total de 1.863 espacios catalogados como Natura 2000.

Una superficie protegida que prácticamente duplica la del segundo país con más territorio protegido, Francia (con 112.200 kilómetros cuadrados).

La red Natura 2000 cumple este año 25 años y, según los datos de la Comisión Europea, los espacios que están incluidos en esta red proporcionan servicios esenciales como los de almacenamiento de carbono, calidad del agua o protección frente a las inundaciones y las sequías; ésos, y otros servicios, han sido valorados por la UE entre 200.000 y 300.000 millones de euros cada año.

La evaluación de la red Natura 2000 ha concluido además que los beneficios que reportan esos espacios no son percibidos ni valorados por la sociedad en general, y que existe un desajuste entre quienes soportan los costes -sobre todo los propietarios de terrenos- y los que se benefician de esos servicios -turistas o entidades recreativas-, por lo que será necesario en el futuro articular compensaciones e incentivos para reducir esos desajustes.