Penas de prisión para la trama Turisme Jove de Baleares

Entre ellos, el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez y el exgerente de Turisme Jove Damià Amengual han aceptado tres años de prisión, mientras que el exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco Gosálbez cumplirá tres años y siete meses.

Los tres exaltos cargos, que junto al resto de procesados se han sentado este lunes en el banquillo tras más de cinco años de instrucción de esta causa de corrupción, han alcanzado así acuerdos de conformidad con la Fiscalía y las demás acusaciones, tras declararse culpables de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama dirigida a saquear las arcas de la entidad en su propio beneficio, llegando a provocar la quiebra técnica de la empresa.

Los inculpados ven así visiblemente reducidas sus condenas respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que reclamaba un total de 48 años y medio de prisión para todos los acusados.

Gálvez, Amengual y Gosálbez utilizaron "distintas operativas" para obtener "un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos, aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión.

En concreto, los delitos que pesan sobre ellos son los de malversación, prevaricación, falsedad mercantil, fraude a la administración y cohecho.

Mientras tanto, de los trece procesados que había inicialmente, le han sido retiradas las acusaciones al empresario Miguel Rigo.

Resto de acusados

En lo que al resto de acusados se refiere, se trata del empresario de Injerjes de Paguera y exregidor de Calvià Jesús García Oeo -quien ha aceptado un año, un mes y 15 días de prisión-; María Auxiliadora Pérez -nueve meses-; el constructor Marcos Pérez -nueve meses-; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dolç -un año, un mes y 15 días- y Bartolomé Gayà -la misma pena-; el constructor Antonio Tugores -un año y tres meses-; el publicista Manuel Carmelo -ocho meses-; el rotulista Pau Pujante -nueve meses- y el hotelero francés André José Villena -un año, un mes y 15 días-.

Y es que para su actuación delictiva, los exaltos cargos contaron con la intervención de particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública, y con quienes se concertaron para admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Así, entre otros, André Villena facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

Gastos privados

Es más, los responsables del consorcio cobraron comisiones por la adjudicación de los contratos e interpusieron sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un elevado perjuicio.

Por su parte, Gosálbez llegó a gastar 21.074 euros -a cuya devolución ha sido condenado- en servicios y compras que no revertían en beneficio de la Administración, como el pago de numerosos viajes privados con fondos públicos, hoteles, taxis y restaurantes. Del mismo modo actuó Amengual, quien en su caso gastó 10.176 euros de las arcas de Turisme Jove a nivel particular.

Así, según el acuerdo de conformidad suscrito por las partes, ya desde que fueron nombrados en sus respectivos cargos Gosálbez, Amengual y Gálvez buscaron enriquecerse de forma ilícita incumpliendo de manera "taxativa y radical" las normas de contratación pública, concertándose con los distintos empresarios, dando el visto bueno a facturas que no respondían a servicio alguno, y cobrando comisiones a las empresas contratadas, algunas de las cuales tuvieron que aumentar las facturas a Turisme Jove para hacer frente a los sobornos.

Responsabilidad civil

El acuerdo contempla el comiso de los 42.500 euros que Gosálbez cobró en concepto de comisiones así como los 35.000 que percibió Amengual, mientras que también deberán hacer frente a cuantiosas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.

El PP, a través del letrado Salvador Perera, ejerce la acusación popular en esta causa, si bien únicamente acusaba a Gosálbez -para quien solicitaba cuatro años y medio de cárcel-, así como el Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ).

Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Consejería de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consejera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías.

Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.