Italia convierte a Airbnb en recaudador
Publicada 08/05/17
- Italia ha incluido una disposición para recaudar los ingresos fiscales que se pierden con los alquileres a corto plazo (inferiores a 30 días) en plataformas como Airbnb
- A partir de junio portales como Airbnb estarán obligados a comunicar los datos de los ingresos que recibe so pena de exponerse a una multa de entre 200 y 2.500 euros y a aplicar una retención del 21% que luego tendrán que abonar a las autoridades tribu
- CEHAT aplaude la normativa italiana porque "pone fin a la economía sumergida"
El Gobierno italiano ha establecido un nuevo régimen fiscal para los alquileres de corto plazo -los de menos de 30 días- que entrará en vigor el próximo 1 de junio y con el que pretende poner fin a la evasión fiscal de la denominada economía colaborativa.
En concreto, el artículo 4 del Decreto Ley nº 50 de 24 de Abril de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Italiana (puede consultarlo aquí), recoge que esta actividad tributará al tipo general del 21%, y lo que es más importante señala al agente que comercializa, tanto si es de forma directa como a través de una plataforma, como responsable tributario.
Así, a partir de junio portales como Airbnb estarán obligados a comunicar los datos de los ingresos que recibe so pena de exponerse a una multa de entre 200 y 2.500 euros y a aplicar una retención del 21% que luego tendrán que abonar a las autoridades tributarias correspondientes.
Desde CEHAT valoran muy positivamente estas novedades en relación al alquiler turístico pues supone que se considere el negocio de las plataformas de alquiler entre particulares como una actividad económica y que tribute como tal. Precisamente lo mismo que está pidiendo la patronal en España. “Esta normativa pone fin a la economía sumergida porque las plataformas tienen que dar información a las autoridades sobre la facturación y quién recibe ese dinero”, afirma Ramón Estalella, secretario general de la patronal hotelera.
La decisión del Gobierno italiano está en línea con las directrices de la Unión Europea que apuntaba hace unos meses que “la prohibición de los servicios de economía colaborativa debe ser una medida extrema”, dejando a cada país miembro el derecho a “establecer umbrales mínimos bajo los cuales la actividad económica puede considerarse no profesional”.
En España el único intento de que se obligara a Airbnb y el resto de plataformas a comunicar sus ingresos a Hacienda fue la moción presentada por Podemos en el Senado (La fórmula de Podemos para regular Airbnb) y tumbada después por el PP (El Senado rechaza la propuesta de Podemos para acotar Airbnb) para enfado de CEHAT (Los hoteleros, indignados con la postura del PP sobre el alquiler turístico).
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