Abren juicio a 82 controladores de Baleares por el caos aéreo de 2010

El magistrado Juan Manuel Sobrino ha dictado el auto para abrir juicio, tal y como planteó en octubre pasado (ver: 84 controladores aéreos, al banquillo por orden de un juez en Palma) y requiere una fianza de tres millones de euros a los acusados y a su compañía de seguros como responsables civiles directos y al ente público Enaire como responsable civil subsidiario, "suficiente para responder de los posibles daños y perjuicios".

Sin embargo, el juez de Instrucción 1 de Palma aprecia "indicios bastantes" de que varios representantes sindicales convocaron a los controladores de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca y para presionar a Aena y al Gobierno "decidieron, de forma conjunta y coordinada", en asambleas, "paralizar el tráfico aéreo" sin tener en cuenta las repercusiones.

Abren juicio a 82 controladores de Baleares por el caos aéreo de 2010

El auto recoge que "decidieron simular incapacidades psicofísicas para el trabajo" e indica que la mayoría de los controladores que debían incorporarse a los turnos del 3 de diciembre y el 4 por la mañana alegaron incapacidad por estrés y ansiedad que les impedían ejercer sus funciones, otros no se presentaron o no fueron localizados. Agrega que la situación provocó retrasos y cancelación de vuelos y se declaró el cierre del tráfico aéreo, "provocando numerosos perjuicios materiales y morales".

Según el magistrado, los hechos pueden constituir un delito de sedición de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, porque los controladores de los tres aeropuertos de Baleares "se concertaron, instigados por los representantes sindicales, iniciando una huelga salvaje encubierta, eligiendo los días que más perjuicios podían causar al tráfico aéreo".

Para no causar indefensión a los acusados y evitar nulidades que retrasen la causa, el magistrado también abre juicio oral de forma alternativa por el delito de abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y coacciones.

Han formulado acusación la Fiscalía, cuatro grupos distintos de afectados y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La Fiscalía considera autores del delito de abandono de funciones y, alternativamente, de sedición a 51 controladores aéreos y cooperadores a otros 30 y pide el archivo para dos. Por abandono de funciones solicita penas de multa de 36.000 euros y dos años de suspensión como controlador aéreo. En el caso de que se estime un delito de sedición, la Fiscalía pide 4 años de prisión. Reclama también que indemnicen a 279 perjudicados.

De 21 juzgados españoles que abrieron una causa a los controladores aéreos por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en el cierre del espacio aéreo español, el 3 y 4 de diciembre de 2010, un total de 19 la ha archivado definitivamente, eximiendo al colectivo, a excepción de Madrid y Palma.