Destinos turísticos: el reto de gestionar la abundancia
Las CCAA piden al Estado que impulse una regulación sobre las viviendas turísticas con un mínimo común para todos los territorios
Publicada 15/06/17- "Tenemos que modular y saber gestionar estos modelos de abundancia para conseguir así un turismo sostenible", Carlos Chaguaceda
- El sector “se mueve en un equilibrio frágil entre ser una oportunidad de desarrollo para el territorio o un problema para sus residentes”, Javier Ramírez
- “Queremos vender calidad y seguridad como país y, para ello, tiene que haber unos mínimos para todos", Pilar Carbonell
España recibió má de 75 millones de turistas internacionales en 2016 y este año se podrían alcanzar los 84 millones, según algunas previsiones. Aunque los visitantes se concentran especialmente en las zonas costeras, la actividad turística de los últimos años ha beneficiado a todas las comunidades autónomas, que han registrado importantes incrementos en la cifra de visitantes. No obstante, la asignatura pendiente sigue siendo la mejora del gasto turístico y, en consecuencia, obtener más beneficios de estas oleadas de viajeros. En este sentido, dirigentes turísticos de diferentes autonomías coincidieron ayer en que el gran reto de los destinos es gestionar la abundancia. Así lo expusieron durante un encuentro organizado en Madrid por Funcas con la colaboración de la Cámara de Comercio de España, bajo el título 'Retos del sector turístico en España".
El director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, afirmó que “tenemos que gestionar la abundancia. Tenemos que modular y saber gestionar estos modelos de abundancia para conseguir así un turismo sostenible". A su juicio, el volumen no debe ser el criterio más valorado en esta actividad, al contrario, "el desafío es pasar de un modelo de volumen a un modelo de margen”. Un modelo en el que "la propuesta no debe ser nunca bajar el precio. No quiero que Madrid ni España, en general, sean los destinos más baratos en nada", aseveró.
También Pilar Carbonell, directora general de Turismo del Gobierno de Baleares, coincidió en la necesidad de gestionar la abundancia y en la de aumentar el gasto medio de los visitantes.
Susana Ibáñez, secretaria general para el Turismo de Andalucía, se refirió a la conveniencia de mantener la calidad y no bajar los precios, y saber administrar los grandes volúmenes.
El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, abogó por establecer una política turística que apueste por la calidad y no por el volumen. En este sentido dijo que el sector “se mueve en un equilibrio frágil entre ser una oportunidad de desarrollo para el territorio o un problema para sus residentes”, lo que está provocando incluso un “desprestigio del turismo” en algunos lugares.
El director general de Competitividad en Turismo de la Xunta de Galicia, José Luis Maestro, resaltó también la gestión de los flujos turísticos como uno de los grandes desafíos "porque van a seguir creciendo".
Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que clausuró la jornada, señaló que "hay que olvidar el culto a la cifra y pasar a un objetivo cualitativo, con el fin de poder incrementar el gasto medio por turista".
Economía colaborativa
En paralelo al incremento de la llegada de turistas internacionales, en los últimos años se ha producido un fuerte aumento de las viviendas turísticas no reguladas. Ésta es una de las cuestiones que más preocupa en estos momentos a las autoridades turísticas, y supone otro de los grandes desafíos a los que se efrentan, como se evidenció ayer en el encuentro organizado por Funcas.
Los representantes de las comunidades autónomas destacaron la necesidad de regular este tipo de alojamiento y reclamaron que el Estado impulse una normativa con unos mínimos en común. A partir de ahí, cada región desarrollará y adaptará la legislación a la singularidad de su territorio, pero exigieron la participación de la Administración central.
La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha afirmado en más de una ocasión que el desarrollo de este tipo de normativas es competencia de las autonomías. A pesar de ello, la secretaria general para el Turismo de Andalucía recordó que el interlocutor ante Bruselas es el Estado y la regulación de las webs que comercializan las viviendas turísticas también es una cuestión europea. “El Estado, como intelocutor con la Unión Europea, tiene que ayudarnos con las plataformas”, señaló.
Detalló que Andalucía aprobó hace más de un año una regulación destinada a este tipo de viviendas, pero las plataformas publican tanto la oferta de las que están registradas como de las que no lo están, a pesar de las llamadas de atención del Ejecutivo andaluz para evitar esta práctica.
“Queremos vender calidad y seguridad como país y, para ello, tiene que haber unos mínimos para todos, ya que a nosotros cada vez nos resulta más complicado, y luego cada comunidad tiene que hacer su adaptación” indicó Pilar Carbonell.
“Tiene que haber una armonización en el ámbito normativo regulatorio, no puede ser que cada comunidad autónoma regule por su cuenta, la Administración tiene que dar unos mínimos”, señaló Javier Ramírez. Destacó la importancia de contar con herramientas que eviten el intrusismo y de distinguir claramente entre los que es economía colaborativa y lo que es economía sumergida.
De hecho Carmen Riu, CEO de Riu Hotels & Resorts, que también participó en otras de las mesas de debate, dijo claramente que "todo esto es economía sumergida. Estamos admitiendo irregularidades en todos los aspectos".
Incluso habló de una "pérdida de confianza ciudadana en determinados barrios", ya que este tipo de pisos cambian de inquilinos con mucha frecuencia, con la consecuente molestia y problemas de convivencia para la comunidad de vecinos. Sin olvidar la importancia de la seguridad, pues no se controla a estos turistas, como sí se hace en los establecimientos reglados.
Por su parte, el representante Galicia, indicó que a este tipo de alojamiento hay que exigirles una fiscalidad, como al resto de los negocios, y que cumplan los requerimientos de defensa de los consumidores, por lo que han de tener someterse a una regulación.
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