El futuro Iberostar Gran Hotel Palacio de Moratalla, ocupado por los jornaleros del SAT

La entrada a la finca, pasadas las 12:30 horas de ayer, se produjo a pesar de que hasta una veintena de agentes de la Guardia Civil se encontraban custodiando la puerta principal de acceso a las instalaciones, pertenecientes a un conocido aristócrata andaluz. Los agentes “no han podido actuar” y esperan para recibir la orden de desalojo de las personas que se encuentran en el interior de la parcela.

Precisamente durante su proclama a los asistentes a esta ocupación, el diputado autonómico de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha criticado al “latifundismo andaluz”, al tiempo que ha animado a permanecer en el lugar “hasta que venga una orden de desalojo”, advirtiendo que su intención es pasar la noche en el caserío. Y así fue, tras bañarse en la piscina y cocinarse una paella, durmieron en las instalaciones del futuro hotel.

Se da la circunstancia de que el establecimiento es uno de los 10 hoteles que Iberostar incorporará a su cartera, explorando nuevos destinos, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo.

De hecho, el edificio principal ha sido rehabilitado recientemente para su explotación como alojamiento turístico de lujo. Cuenta con ocho hectáreas de jardines diseñados por el arquitecto paisajista francés Forestier, responsable también del diseño del Parque de María Luisa de Sevilla.

Denuncias del sindicato

El SAT, por boca de su portavoz, Diego Cañamero, ha denunciado que tras la rehabilitación “las empresas no han pagado a los trabajadores y no cumplen el convenio”, además de “explotar a los inmigrantes”. Asimismo, ha pedido a los integrantes de la marcha que no toquen “nada del palacio, porque no es nuestro”, y la ocupación es “pacífica”.

Está previsto que la marcha del sindicato llegue a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba el miércoles en torno a las 13:00 horas tras pasar por las localidades de Posadas y Almodóvar del Río. En su concentración “contra la represión sindical y la criminalización que se sufre por parte del Gobierno”, reclaman “no pagar la deuda, la derogación de todos los recortes, la prohibición de los desahucios y los despidos, el reparto de la riqueza y del trabajo, o la elevación del salario mínimo a mil euros”, entre otras reivindicaciones, según recoge Europa Press.