Ibiza abre diligencias por el alquiler de un piso protegido en Airbnb

Fue una denuncia anónima recibida al correo de inspección turística de la institución la que ha permitido iniciar las diligencias.

También se pudo comprobar, de acuerdo con la información que aparecía en el mismo portal, que la persona que comercializaba la vivienda lo había hecho al menos una decena de veces, añaden desde la institución.

El Consell de Ibiza ha dado traslado de los hechos a la Delegación de Hacienda y la Dirección General de Vivienda del Govern balear.

Debido a que las diligencias se abrieron en julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley turística, la persona responsable se expone a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros, de acuerdo con la normativa anterior.

La nueva ley, en vigor desde agosto, proporciona "mejores instrumentos para perseguir el alquiler irregular en casas y pisos de la isla, además de incluir un considerable incremento de las cantidades económicas del régimen sancionador", explican desde el Consell.

Precisamente, la nueva normativa considera la comercialización turística de una vivienda sin autorización como una infracción grave y la sanciona con multas de entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrece. Para las plataformas y otros canales de comercialización de oferta ilegal, la ley prevé sanciones de hasta 400.000 euros.

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La institución también destaca que la nueva normativa contiene "definiciones necesarias que hasta ahora no existían", como el término "canal de oferta turística", y deja claro que se consideran alquiler turístico todas las estancias con una duración inferior a un mes.

"La falta de estas definiciones concisas a la Ley de 2012 había dejado margen a diferentes interpretaciones, a menudo alegales, que quitaban capacidades de actuación a los servicios de inspección turística del Consell de Ibiza", explica la institución insular.

Precisamente, una de las "numerosas debilidades" de la Ley de turismo anterior, indica el Consell, "consistía en la falta de medidas sancionadoras orientadas a los comercializadores de viviendas, como por ejemplo las plataformas digitales".

"La nueva ley declara responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas en viviendas ilegales tanto a los propietarios de los inmuebles como a los posibles explotadores y los comercializadores, a través de cualquier tipo de soporte", agrega.

El Consell continuará con el con el Plan de Inspección Turística previsto para el 2017, aprobado por el Consell Executiu el pasado 21 de abril, y que tiene el objetivo de controlar que se cumple la normativa turística, detectar servicios turísticos clandestinos, como son los alquileres turísticos irregulares, y garantizar los derechos de los usuarios de los servicios turísticos.