Polémica en Portugal: las cámaras de vigilancia grabarán conversaciones
Publicada 17/08/17
- Esta decisión es consecuencia de la modificación de la ley de videovigilancia que ahora permite la captación y análisis de sonido sin autorización judicial previa
- Hasta ahora, la normativa que regula la videovigilancia prohibía grabar sonido
- La voces críticas con esta medida indican que la medida no tiene sentido en zonas como el turístico Barrio Alto de Lisboa
Las cámaras de vigilancia podrán grabar las conversaciones de los transeúntes en Portugal, una medida aprobada por el Gobierno con el fin de incrementar la seguridad y prevenir la criminalidad. Y una de las zonas donde está más avanzada la medida es en del Barrio Alto de Lisboa, una de las áreas más turísticas de la capital portuguesa, según el 'Diário de Noticias'.
Esta decisión es consecuencia de la modificación de la normativa que regula la videovigilancia que ahora permite la captación y análisis de sonido sin autorización judicial previa, según recoge el citado periódico lusitano. Se trata de las cámaras de vigilancia gestionadas por las dos principales fuerzas de seguridad del Estado, la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Guardia Nacional Republicana (GNR).
Hasta ahora, dicha reglamentación prohibía grabar sonido y las fuerzas de seguridad tenían la obligación de obtener la autorización de la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) para realizar grabaciones en situaciones extraordinarias, como ocurrió en mayo con motivo de la visita del Papa Francisco al Santuario de Fátima.
La limitación que se establece son las escuchas que capten conversaciones que se desarrollen en espacios privados ubicados cerca de las cámaras de vigilancia.
La voces críticas con esta medida indican que el uso de este sistema puede tener sentido en enclaves como Fátima, donde puede existir una amenaza terrorista, pero no en el Barrio Alto, donde el riesgo es menor.
Además, indican que al autorizar este tipo de vigilancia siempre que exista "peligro para la seguridad de bienes y personas", sin detallar situaciones concretas que impliquen este tipo de peligro, la normativa deja la puerta abierta a escuchas indiscriminadas.
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