San Sebastián prohíbe nuevos pisos turísticos en la Parte Vieja

El alcalde de la capital guipuzcoana, Eneko Goia, y el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, han dado a conocer la nueva ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico aprobada por el equipo de gobierno municipal (PNV-PSE) que establece además la creación de un equipo de 10 inspectores que se dedicarán exclusivamente a vigilar el cumplimiento de la misma.

En virtud de la norma la ciudad, que se ha convertido en la primera capital vasca en regular esta actividad, se ha dividido en tres zonas según el grado de congestión de este tipo de viviendas.

Así la Parte Vieja y el puerto quedan declaradas como áreas "saturadas", por lo que no podrán albergar nuevas licencias más a allá de las que se hayan registrado hasta el momento.

La segunda zona incluye el centro y parte de los barrios más cercanos, donde las viviendas turísticas se podrán situar en la primera planta cuando su superficie útil sumada al resto de usos no residenciales del edificio sea igual o inferior a los 250 metros. En las plantas altas será posible siempre que ninguna de las ubicadas debajo esté destinada a uso residencial.

El resto de la ciudad tendrá una regulación similar a la anterior siempre que la superficie destinada al alojamiento de viajeros no sobrepase los 350 metros cuadrados.

Estas disposiciones hacen difícil en la práctica que en un inmueble coexistan más de 2 o 3 pisos turísticos, ha explicado el alcalde.

El alcalde de San Sebastián, una ciudad de poco mas de 180.000 habitantes que cuenta con 1.200 pisos turísticos registrados en el Gobierno Vasco, ha remarcado que necesita una "regulación desde la sensatez" porque esta modalidad "constituye una oferta turística que cubre parte de la demanda" con sus "beneficios e inconvenientes".

Por ello debe ser "regulada de forma ordenada" con el objetivo de "garantizar" un equilibrio entre el bienestar de los vecinos y la actividad turística, ha remarcado.

El consistorio firmará un protocolo con el Gobierno Vasco para que la administración autonómica disponga de la información del Ayuntamiento y de esta manera aquellos que no la cumplan serán dados de baja en el registro y además informará al titular de una vivienda del uso que se da a la misma para evitar realquileres.

La entrada en vigor de la norma, prevista para primeros de 2018, supondrá una "reducción evidente" en el número de este tipo de pisos en la capital guipuzcoana, ha indicado Goia, quien ha recordado que la legislación actual solo la cumple el 27 % de las viviendas.

En caso de irregularidades las sanciones previstas oscilan entre 600 y 50.000 euros.