Demandarán a Aena por el paro de los controladores aéreos

Los viajeros pedirán daños y perjuicios contra la empresa al entender que el paro salvaje de los controladores se podía haber evitado. Así lo ha avanzado Luis Vericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación.

Vericat ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero por los daños morales, más la cuantía que se establezca por daños materiales, lo que se traduciría en un monto cercano a los diez millones de euros en indemnizaciones si se tiene en cuenta que la agrupación, según el abogado, representa a 10.000 afectados por el caos aéreo.

En referencia a la vía penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser "casualidad" que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo.

Estas afirmaciones, recogidas por Efe, han sido realizadas en la puerta de los juzgados donde se daban cita los controladores aéreos que, tal y como informó este diario, desde ayer y hasta el jueves están citados a declarar como imputados en relación con el cierre del espacio aéreo de los pasados días 3 y 4 de diciembre.

Primera jornada de declaraciones

Los primeros en hacerlo han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre al darse de baja médica por razones "psico-físicas" provocadas por el estrés de la situación laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno y han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que perjudicó a más de 600.000 personas en toda España.

En la jornada de ayer se había citado a cuatro de los 16 controladores que tienen que declarar, pero sólo acudieron dos, ya que una de las trabajadoras está de baja de maternidad y otro controlador está enfermo, han informado fuentes jurídiicas.

Según recoge Europa Press, el delito de sedición aérea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, está castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.