Así es la estrategia de cuatro comunidades contra el alquiler turístico
Publicada 30/10/17
- Castilla y León lucha contra el alquiler turístico ilegal mediante inspecciones y la creación de un registro de infractores
- En Extremadura se ha detectado 608 alojamientos turísticos ilegales hasta la fecha
- Todas las comunidades reclaman una participación conjunta de los gobiernos estatal, regional y municipal en la lucha contra estos alojamientos ilegales
Las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura mostraron en el transcurso del Congreso Internacional de Turismo de Interior que se celebró en Plasencia, las estrategias que cada autonomía ha puesto en marcha en su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales.
Desde Castilla y León se proponen luchar contra esta problemática “a través de la inspección, el acuerdo con los ayuntamientos, la información o el asesoramiento junto a un registro de infractores”, según explicó la jefa de división Estratégica, Blanca Arévalo.
El director general de Turismo de Extremadura, Francisco Martín Simón, aseguró que la estrategia extremeña pasa por luchar contra la competencia desleal frente a los empresarios que pagan impuestos y crean trabajo. “Tenemos la obligación de ordenar la oferta turística, el sector y la convivencia, conceptos que está muy claros, por ejemplo, en los Planes de Ordenación Urbana de los municipios”, añadió.
Asimismo, Martín aseguró que las actuaciones no se centran en el turista sino en el propietario. En este sentido, defendió la necesidad de mostrar el número del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, que se asigna una vez presentada la declaración responsable de inicio de actividad turística, en las nuevas plataformas de comercialización turística.
Hasta la fecha, Extremadura ha detectado 608 alojamientos turísticos ilegales en toda la región, que se publicitan en canales de oferta turística y se han iniciado actuaciones previas al procedimiento sancionador en 205 casos.
En el caso de Andalucía, la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Carmen Arjona, manifestó que el decreto de la Junta de Andalucía “responde a las expectativas y necesidades de nuestra comunidad autónoma” y ha abogado por que el Estado “marque una armonización a cumplir en todo el Estado español”.
Un término en el que todas las regiones participantes han mostrado su acuerdo, al igual que en la participación conjunta, gobierno regional y municipal, en la lucha contra estos alojamientos ilegales.
Por su parte, el director general de Comercio y Turismo de Asturias, Julio Manuel González, apostó por “abordar esta ilegalidad desde una estrategia turística”. Explicó la puesta en marcha del Decreto de Viviendas Vacacionales
y Viviendas de Uso Turístico, que cuenta con el apoyo de la mesa de
concertación, el Consejo Consultivo y el Consejo Asesor de Turismo,
en el que se integran todos los grupos parlamentarios.
Actualmente,
en Asturias hay más de mil viviendas vacacionales y de uso
turístico. Desde enero hasta agosto la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo ha realizado 3.000 inspecciones, casi
tantas como todo el año pasado. Del total, 1.021 fueron para
detectar la prestación de servicios turísticos clandestinos y
derivaron en la apertura de 642 expedientes sancionadores.
También
señaló que el Principado ha abierto una línea de inspecciones a
través de internet que se ha saldado con más de 700 anuncios
revisados en una decena de portales. Tras este análisis, se
enviaron requerimientos a las plataformas con los incumplimientos
observados y se ha logrado, de momento, la retirada de más de un
centenar de anuncios de alquileres ilegales.
Precisamente el viernes la Junta General del Principado aprobó, con la única abstención de Podemos, una iniciativa de Ciudadanos que pretende regular y poner coto a la proliferación de las viviendas vacacionales o de uso turístico, luchar contra la economía sumergida y apostar por un modelo turístico de calidad.
La moción insta al Gobierno del Principado a intensificar la labor inspectora en materia turística "para asegurar un adecuado cumplimiento de toda la normativa vigente" en lo relativo a las viviendas vacacionales y de uso turístico.
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