La ley del Turismo de Andalucía inicia su tramitación parlamentaria con un apoyo unánime

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Gómez, ha presentado dicho proyecto de ley para dar "respuesta al turista del siglo XXI" y en el que el "turista se convierte en el corazón de la ley", y ha pedido la "complicidad -a los parlamentarios- porque el turismo necesita de buenas noticias".

Entre los elementos fundamentales que incorpora el texto, ha destacado la intervención en el territorio, de forma que el informe de impacto ambiental será clave ante cualquier actuación turística.

Además de la sostenibilidad ambiental, el texto apuesta por la sostenibilidad económica simplificando el proceso administrativo porque: "No debemos tardar tanto en la creación de una empresa".

También se ha incorporado al proyecto de ley la sostenibilidad social gracias a la aportación de los consumidores, la innovación con la complicidad de la universidad y de los centros de investigación, y se ha apostado por los trabajadores bien formados y con empleo estable para "elevar el grado de calidad y excelencia en las prestación de servicios", ha señalado.

Asimismo, según el consejero, la ley "mira con cariño a los municipios turísticos".

En este sentido, la diputada del PP Ángeles Muñoz ha valorado el texto, aunque ha lamentado el retraso en su presentación porque puede que no haya tiempo suficiente en esta legislatura para que concluya su tramitación parlamentaria.

En representación de IU, José Antonio Castro ha hecho una consideración general positiva del proyecto y ha valorado especialmente que se preserven los suelos turísticos de la especulación urbanística.

La diputada del PSOE Lourdes Martín ha defendido que el proyecto tiene el "sello socialista en su filosofía" de apuesta por el sector turístico y ha valorado el carácter participativo en la elaboración.

Sustituye a la de 1999

El proyecto de ley de Turismo de Andalucía sustituirá a la vigente norma de 1999 y, entre sus principales novedades, incluye nuevos instrumentos de planificación coordinados con las políticas de ordenación del territorio.

Asimismo, establece una reclasificación de la oferta (con la distinción básica entre servicios turísticos y actividades con incidencia en el sector); introduce la regulación de nuevas fórmulas de negocio como la propiedad horizontal, e incluye medidas para potenciar las actuales políticas de calidad e innovación.

La norma incorpora medidas de simplificación de trámites previstas en la Directiva Europea de Servicios con el fin de agilizar la creación de empresas turísticas, entre ellas la sustitución de la autorización administrativa para el inicio de la actividad por una declaración responsable del interesado, verificable a través de la posterior actuación inspectora.