Aptur recurre a Europa para tumbar la ley balear
Publicada 23/11/17
- Aptur Baleares ha presentado una ampliación de denuncia contra la Ley Turística ante la Comisión Europea por atentar contra la libre competencia y el libre mercado
- La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler Turístico ha optado por esta vía después de que el Gobierno central no haya planteado un recurso de inconstitucionalidad
- Aptur espera que la UE, en un plazo de dos años, realice recomendaciones al estado español y los gobiernos autonómicos sobre esta cuestión o incluso legisle para unificar
La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler Turístico, Aptur Baleares, ha denunciado ante la Unión Europea la modificación de la Ley de Turismo de Baleares que regula el alquiler turístico por considerar que atenta contra el libre mercado y la competencia.
Aptur, por medio de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), ha presentado la denuncia ante la secretaría general de la Comisión Europea porque considera que la ley balear puede infringir la directiva europea de 2006 sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
El presidente de Aptur, Joan Miralles, ha explicado en una rueda de prensa que la entidad ha decidido apelar a la UE ante la decepción que ha supuesto que el Gobierno central no haya planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa balear, para lo que tenían de plazo hasta el 31 de octubre. "Agotada esta vía nos queda Europa", ha dicho.
"En Madrid, no sé si por estar desbordados por el tema de Cataluña o por lo que sea, al final no lo han puesto, y nuestra sensación es que siempre ganan los mismos, el sector hotelero, que tiene un peso muy determinado en los partidos", ha dicho Miralles.
Discrecionalidad de
los Consells
El coordinador de la comisión jurídica de
Aptur, Joan Carlos Moll, ha justificado la denuncia porque la
modificación legal "perpetúa el modelo turístico actual,
favorece siempre al sector hotelero y no da entrada al modelo
alojativo novedoso del alquiler vacacional con lo que menoscaba el
principio de la libertad de competencia y el libre mercado".
Moll
ha explicado que la denuncia se opone a determinados preceptos de la
ley balear como que fije límites de plazas al alquiler vacacional
y conceda "plena discrecionalidad" a los consells para
establecer esos máximos en sus planeamientos.
También
denuncian la nueva bolsa de plazas turísticas para alquiler porque
puede provocar "la creación de un coto privado de caza"
en el que solo los propietarios actuales con licencia o quienes
accedan a ella cuando se lleve a cabo la zonificación, podrán
ejercer esta actividad durante muchos años.
Moll ha
explicado que la gestión de la bolsa hace que las plazas de alquiler
no se reintegren a ella, de manera que se dan de baja definitiva y
habrá un decrecimiento continuo en el tiempo. "Habrá gente que
por generaciones no podrán acceder nunca al alquiler vacacional de
sus viviendas heredadas, con las consecuencias que eso puede tener",
ha augurado.
Sobre la prohibición a cada propietario de
comercializar más de tres viviendas turísticas, critican que es una
restricción "inventada por el legislador" y que "por
ejemplo, no existe en el sector hotelero". También tildan de
sinsentido la restricción al alquiler en edificaciones de menos de
cinco años de antigüedad.
En cuanto a la necesidad de
autorización por parte de las comunidades de vecinos en las
viviendas plurifamiliares, Aptur cree que transgrede la Ley de
Propiedad Horizontal que es de competencia estatal. También se
oponen a requisitos como los contadores de luz individuales que "el
legislador europeo no permite".
Que la ley permita,
ante problemas habitacionales, que se pueda limitar la actividad o
incluso suspenderla, ha sido calificado por el jurista de Aptur como
"estipulaciones no claramente reguladas y parametrizadas que dan
lugar a que caprichosamente un gobierno pueda aplicar restricciones a
las actividades económicas".
Respuesta en dos
años
Aptur espera que la UE, en un plazo de dos
años, realice recomendaciones al estado español y los gobiernos
autonómicos sobre esta cuestión o incluso legisle para unificar y
que en todo el espacio europeo haya "las mismas reglas del
juego".
Además, Aptur no descarta el recurso al
Constitucional por medio de alguno de los procedimientos judiciales
que se inicien por esta ley. La entidad ha anunciado que estará
pendiente de denegaciones de autorizaciones o sanciones, para
plantear a los afectados que pidan a jueces o tribunales que lo
eleven al alto tribunal.
La denuncia de Fevitur ante la
Comisión Europea supone una ampliación de la presentada
anteriormente contra la ley balear de 2012. Además de dirigirse
contra la ley balear que regula el alquiler, también se opone al
decreto sobre viviendas de uso turístico aprobado en febrero en
Castilla y León.
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