La ley de viviendas de Donostia supondrá 54 M € de pérdidas, según Aparture

El presidente de Aparture, Asier Pereda, ha presentado hoy 19 alegaciones a la ordenanza de viviendas para uso turístico propuestas por su asociación, que acusa al Ayuntamiento de "pretender crear una ficción, llamando uso hotelero a lo que no es otra cosa que un alquiler de viviendas por períodos cortos de tiempo".

Aparture explica, en un comunicado, que el Ayuntamiento "necesita llamarlo hotelero" porque de lo contrario "no tendría ninguna competencia" sobre este asunto, y lo hace "pese a que, tanto Hacienda como los tribunales, han sentenciado que cuando no se prestan servicios hoteleros en las viviendas, no es un uso hotelero".

Este colectivo recuerda que el estudio de impacto económico realizado por Fomento de San Sebastián sobre el censo de estas viviendas, cuantificadas en 490 en julio de 2016 "estimó un impacto económico de 44,4 millones de euros", lo que "se traduce en 235.535 pernoctaciones, 75.325 entradas, 4,9 millones de recaudación directa vía impuestos y 110 empleos directos".

"A día de hoy -continua Aparture-, el censo ha crecido hasta 1.200 viviendas registradas en San Sebastián. En consecuencia, el impacto económico del censo actual sería de 108,5 millones y 270 empleos directos y, si sumamos el empleo indirecto y el inducido, la cifra podría superar los 675 empleos".

En función de estos datos, esta asociación considera que, "si la ordenanza entrase en vigor, dejaría fuera de ordenación a más del 50 % de la oferta reglada, lo que supondría un auténtico drama para el sector del alojamiento reglado en particular y para la economía de San Sebastián en general".

Entre las alegaciones presentadas hoy, Aparture argumenta que "la normativa urbanística vigente permite amparar el uso vivienda turística como un uso asimilado a la residencial sin necesidad de un cambio de uso" y advierte de que este tipo de alojamientos "se encuentran expresamente regulados" por la Ley de Turismo del País Vasco.

Sostiene además, entre otros argumentos, que las viviendas de uso turístico "no se consideran como una 'actividad clasificada'" y que el proyecto de ordenanza "no justifica las razones de interés general" que se alegan.