La Comunidad de Madrid considerará a Airbnb como una empresa turística

Por primera vez, la Comunidad define el concepto de canal de oferta turística, en el que se integran estas plataformas online. De este modo, pasan a tener consideración de empresas turísticas, lo que las obliga a cumplir con la legislación, es decir, deberán responsabilizarse de publicitar en sus webs solo aquellas viviendas que estén dadas de alta en el registro de la región. En caso de que oferten viviendas ilegales, es decir, no registradas, se enfrenta a sanciones de hasta 300.000 euros como marca la Ley de Ordenación del Turismo.

La Comunidad de Madrid considerará a Airbnb como una empresa turística

El borrador del decreto plantea además una serie de medidas en materia de seguridad que deberán cumplir las plataformas como la obligación de los propietarios de los pisos a remitir a la Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en ellos, algo que ya hacen los hoteles.

Además, los arrendadores tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil; poseer hojas de reclamación a disposición de los usuarios; disponer de calefacción en funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes y respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda.

Otra de las novedades que recoge la nueva normativa madrileña es la creación de un Certificado de Idoneidad para las viviendas de Uso Turístico (CIVUT). Se trata de un documento que expedirán arquitectos e ingenieros y que certifica que el inmueble cumple con todos los requisitos fijados por la normativa y que permitirá a los propietarios de inmuebles dar de alta sus viviendas en el registro.

Además, al igual que estable la ley aprobada en Baleares, las comunidades de vecinos tendrán la última palabra sobre si es posible o no alquilar pisos a turistas en los edificios (Madrid imita a Baleares: los vecinos podrán vetar el alquiler turístico). Por otro lado, con el fin de garantizar la convivencia, el borrador del decreto recoge que los gestores o propietarios de pisos deben facilitar información sobre las normas de civismo a sus inquilinos.

De acuerdo con el borrador, las viviendas podrán alquilarse también de forma total o por habitaciones. Eso sí, se fija una ratio máxima de personas alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de la vivienda.