Afloran 16.000 viviendas ilegales en la Comunidad Valenciana

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha dado a conocer estos datos, a la par que ha reclamado mayor eficiencia en la lucha contra el intrusismo profesional y la competencia desleal, que ha considerado una "lucha social y colectiva", y ha incidido en la necesidad de reformar la plantilla de inspectores.

Colomer ha realizado estas manifestaciones en rueda de prensa tras presidir la reunión de la Comisión de Intrusismo de la Comunitat Valenciana, compuesta por administraciones públicas, asociaciones y agentes del sector turístico, y en la que se ha hecho balance de las actuaciones de 2017 y los retos para este año.

Las altas de alojamiento en el Registro Oficial de la AVT en el 2017 fueron 16.189 viviendas, casi 5.000 más que en el año anterior, de las que 10.300 fueron en la provincia de Alicante (está en 22.696 en cuatro años), 2.403 en la de Castellón y 3.486 en la de Valencia.

No obstante, Colomer ha señalado que, según estimaciones no oficiales, más de un 50% de la oferta de apartamentos en la Comunidad es ilegal.

El secretario ha recordado la resolución judicial del 23 de noviembre de 2017, en la cual se abrieron trece expedientes sancionadores a algunas plataformas que comercializan el grueso de la oferta de alojamiento.

De esta forma, se reconoce la obligatoriedad de exhibir el número de registro, lo cual "es un paso importante para nuestro trabajo", según Colomer.

También ha anunciado el concurso que la AVT sacará en breve para buscar una asistencia que "complemente" el trabajo "de supervisión y haga posible 'chequear' el cumplimiento de la oferta alojativa que se da de alta en el registro".

"Tenemos ser más eficaces en las garantías y en la búsqueda de la certidumbre de que los números de registro se correspondan con la realidad y que estén presentando las garantías de calidad que el turista que nos escoge merece", ha añadido.

Ha hecho pública la línea de ayudas de 660.000 euros en 2018 para divulgar y sensibilizar la campaña contra el intrusismo profesional y ha resaltado la nueva guía informativa para que titulares de vivienda turísticas conozcan el marco legal.

Colomer ha recalcado el refuerzo de las relaciones con la Federación de Municipios y Provincias, iniciadas en el curso pasado, para buscar la "complicidad" de los ayuntamientos y policías locales, principalmente en municipios costeros y establecer protocolos de colaboración, que se inició como experiencia piloto en 2017 y ahora se busca "su generalización" este año.

Además, ha reclamado ampliar el ecosistema público y privado de actores económicos y sociales que conforman la mesa contra el intrusismo y pactar una alianza oficial con el sector y ha exigido al Estado que amplíe "recursos y efectivos profesionales en la Administración Autonómica" para ampliar una plantilla "congelada", con diez inspectores (2 en Valencia, 5 en Alicante y 3 en Castellón).