Nuevo varapalo judicial al decreto de Canarias sobre viviendas vacacionales
Airbnb celebra que el Supremo anule la prohibición de alquilar habitaciones en zonas turísticas
Publicada 31/01/19
- La plataforma califica la regulación de Canarias como "una de las más restrictivas de Europa"
- El Supremo opina que con el decreto "se trata de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales"
- Airbnb se ofrece a colaborar con las autoridades para regular la actividad
El Tribunal Supremo ha vuelto a anular varios artículos del decreto de la comunidad autónoma de Canarias que prohíben el alquiler de habitaciones en viviendas de zonas turísticas. La mayor plataforma de alquiler de pisos de uso turístico, Airbnb, ha celebrado la sentencia: "Es una buena noticia", ha dicho. No opinarán lo mismo el Gobierno de Canarias ni Ashotel que, como publicó HOSTELTUR, no quieren alquiler en zonas turísticas.
En una nueva sentencia, el Tribunal Supremo ha anulado los artículos del decreto de la comunidad autónoma de Canarias de 2015 que prohíben el alquiler de habitaciones en viviendas privadas en zonas turísticas del archipiélago.
Este revés se viene a sumar al que ya asestó el Alto Tribunal el pasado mes de diciembre a la regulación autonómica que vetaba el alquiler de viviendas completas.
El Supremo tumbó entonces el recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra una sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En ese fallo, el Alto Tribunal alegó que "la prohibición de ofertar viviendas vacacionales que se encuentren ubicadas en las zonas turísticas delimitadas en el ámbito territorial de Canarias es contraria al principio de libertad de empresa".
Libre competencia
Airbnb ha celebrado esta última sentencia que califica de "buena noticia para los anfitriones de las islas Canarias, que han sufrido una de las normativas más restrictivas de Europa" y que el Supremo asegura que "no tiene sentido".
En un extracto de la sentencia, difundido por la plataforma, el tribunal alega que "la única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios".
Airbnb ve esta resolución judicial como "un impulso para un tipo de turismo asequible, auténtico, inclusivo y sostenible, impulsado por las personas de las islas".
Al mismo tiempo, se ofrece a colaborar con las autoridades para regular la actividad. "Queremos avanzar y trabajar juntos con otros actores del sector, con los gobiernos locales, regionales y nacionales para desarrollar una normativa moderna y sostenible", afirma.
El responsable de Políticas Públicas de Airbnb en España y Portugal, Sergio Vinay, defiende que por cada euro que gastan los huéspedes en Airbnb, 87 céntimos van a parar a los bolsillos de los anfitriones locales.
Mientras que los turistas que reservan en cadenas de hoteles o en agencias de viajes online, destinan entre 14 y 35 céntimos de euro a gastos de gestión y comisiones que nunca llegan a la comunidad local, según Vinay.
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