La guerra de París contra Airbnb continúa y ahora le reclama 12,5 M €
La alcaldesa quiere acabar con los "alquileres salvajes que desnaturalizan algunos barrios"
Publicada 13/02/19
La lucha que el Ayuntamiento de París mantiene desde hace años contra Airbnb no parece tener fin. En 2017, las autoridades parisinas dieron un ultimátum a la plataforma para que cumpliera la ley, pero ha sido en vano porque ha terminado llevando a la multinacional ante la Justicia para reclamarle 12,5 millones de euros por anunciar pisos turísticos ilegales. La capital francesa es una de las más beligerantes contra el portal de viviendas turísticas. De hecho, forma parte de un frente común europeo contra Airbnb junto con otras siete ciudades europeas, entre las que están Madrid y Barcelona.
El consistorio presentó el pasado viernes una citación ante el Tribunal de Gran Instancia de París con vistas a una audiencia el próximo 21 de mayo para exigir esa cantidad récord de 12,5 millones de euros.
"No podemos aceptar que Airbnb y otros no respeten la ley. Nuestros inspectores han contabilizado un millar de anuncios ilegales, cada uno objeto de una multa de 12.500 euros", declaró el pasado domingo la alcaldesa, Anne Hidalgo, al semanario Le Journal du Dimanche, que ha difundido la información.
Hidalgo explicó que el objetivo "es provocar un impacto para terminar con estos alquileres salvajes que desnaturalizan algunos barrios de París".
La alcaldesa dice estar a favor de que los parisinos puedan alquilar su apartamento unos días para ganar algo de dinero, pero ataca la "economía de predadores" generada por algunos propietarios en connivencia con determinados portales de internet.
"El problema son los propietarios de varios inmuebles que alquilan todo el año apartamentos a turistas sin declararlo" y las "plataformas cómplices" que acogen dichos anuncios, denuncia.
Hasta 50.000 euros de multa
El Ayuntamiento de la capital francesa se escuda en la última Ley de Vivienda del Gobierno francés, aprobada en diciembre de 2018 y conocida como Ley Elan, que estipula sanciones contra las plataformas que publiquen anuncios ilegales.
El texto plantea multas de hasta 50.000 euros si estas proponen el alquiler de casas que superan el umbral de 120 días al año, pero el juez puede también pedir una multa de 12.500 euros por cada anuncio que omita el número de registro, dato obligatorio que muestra que los propietarios han declarado el alquiler.
Hidalgo cree que el límite de 120 días al año para poder alquilar una residencia principal a través de estas plataformas es “demasiado alto” y apuesta porque se reduzca a solo 30 días. Esta es una batalla que arrastra en vano el consistorio desde 2017, como publicó HOSTELTUR en París quiere apretarle más las tuercas a Airbnb.
Airbnb se defiende
Por su parte, Airbnb se defiende y considera que "ha cumplido su parte" al informar a sus clientes de las obligaciones ante la ley, para lo que les ha enviado más de "120.000 correos electrónicos".
Además, denuncian que la reglamentación parisina es "ineficaz, desproporcionada y contraria a la normativa europea" que entiende que la plataforma no puede "vigilar de forma continuada" la actividad de los anfitriones.
El consistorio y Airbnb ya están enfrentados en otro proceso, cuya decisión debe darse el próximo 5 de marzo, en el que París le pide que retire los anuncios no conformes con las reglas que impone la ciudad.
En paralelo, el Ayuntamiento persigue también a ciertos anfitriones "multipropietarios" que alquilan pisos en la plataforma sin haberlo declarado.
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