¿Quién tiene la culpa de la turistificación?

En España, casos como el de Madrid o Barcelona, donde los precios de la vivienda en alquiler no dejan de subir desde 2015, han dado la voz de alarma sobre una tendencia que afecta, también, a otras ciudades españolas.

Es el caso de Valencia, donde el precio de las viviendas en alquiler ha experimentado una subida del 45% desde 2014, un hecho que ha venido acompañado de una reducción del número de viviendas disponible en régimen de alquiler residencial y el aumento, a su vez, de la oferta de viviendas de alquiler vacacional. Así lo ha expresado Maria Oliver, Regidora de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia en la jornada “Efecte de Airbnb a València” celebrada en Las Naves, que ha puesto sobre la mesa el debate entre propietarios, residentes e inquilinos sobre las causas de la gentrificación en las ciudades.

Jornada: "Efecto Airbnb en Valencia"

Las plataformas digitales

Solo en la ciudad de Valencia existen 5.715 alojamientos turísticos registrados oficialmente por la Agència Valenciana del Turisme, una cifra que se eleva a 11.150 si se tienen en cuenta los datos extraídos por DataHippo a partir de distintas plataformas digitales de alquiler turístico, como Airbnb o HomeAway.

Para las asociaciones vecinales como Russafa Veinal, Veinat en perill d'extinció o la Federació d'Associaciones de Veïns de València, el llamado “efecto Airbnb” está detrás del crecimiento exponencial de los precios de alquiler en la ciudad de Valencia, lo que está llevando a muchos vecinos de los barrios de Russafa, Ciutat vella y Benimaclet a desplazarse a otros distritos en la periferia.

Según explicaba Mijo Miguel, de la asociación Russafa Veinal, una regulación obsoleta del alquiler vacacional y la falta de una normativa urbanística actualizada a las necesidades de la sociedad actual facilitan el traspaso de la oferta de alquiler residencial al vacacional, lo que provoca el aumento de precios y el desplazamiento de los vecinos.

Sin embargo, desde la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia, reivindican los beneficios del turismo para la activación de la economía de las ciudades y valoran positivamente el papel de las plataformas digitales a la hora de facilitar a los pequeños propietarios la posibilidad de sacar una mayor rentabilidad de sus propiedades.

En relación a esto, Miguel apuntaba que, aunque el 75% de las viviendas de uso turístico de la ciudad son propiedad de un solo propietario, los ingresos de éstos solo suponen el 40% del total. Esto significa que el 60% de los ingresos proviene de unos pocos propietarios que controlan un gran número de viviendas de uso turístico.

La especulación inmobiliaria

El artículo 47 de la Constitución española recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho, incluyendo aquellas destinadas a impedir la especulación. Lo recordaba Javier Gil, del Sindicado de Inquilinas de Madrid, que ponía el foco en la responsabilidad de los gobiernos al permitir la especulación en el mercado inmobiliario por parte de fondos buitre y SOCIMIS.

"La vivienda de uso vacacional no es la causa directa de las subidas del precio alquiler, pero sí incide de muchas formas, por ejemplo favoreciendo los procesos de sustitución de la vivienda residencial por vacacional".

Gil explicaba que la vivienda de uso vacacional no es la causa directa de las subidas del precio alquiler, pero sí incide de muchas formas, por ejemplo favoreciendo los procesos de sustitución de la vivienda residencial por vacacional. Además, asegura, puesto que el mercado inmobiliario funciona por expectativas, la sola posibilidad de poder poner en alquiler un activo inmobiliario a través de plataformas digitales como Airbnb, produce un aumento del precio.

Por su parte, Álex Francés, representante del Sindicat de Llogaters de Barcelona, denuncia el modus operandi de los fondos buitre en la capital Condal, que adquieren bloques enteros de edificios para ponerlos en el mercado de la vivienda de lujo o en régimen de alquiler turístico, obligando a los vecinos a desplazarse al extrarradio, en muchas ocasiones tras ser víctimas de desahucios invisibles, aquellos que no requieren sentencia judicial al tratarse de inquilinos a los que, súbitamente, se sube la renta del alquiler con fines especulativos.

El papel de las administraciones

Tal y como asegura Javier Gil, la situación de gentrificación que se vive en las ciudades se ha generado políticamente, y de la misma forma se podría revertir.

El mercado inmobiliario español es uno de los menos regulados de todo el mundo, asegura Gil. Mientras que en New York, una de las mayores urbes turísticas del mundo, el 45% del mercado está regulado, en España el mercado inmobiliario libre supone el 98% y no existe ninguna regulación de precios de la vivienda.

Contamos, además, con el parque de vivienda más grande de Europa y albergamos un tercio de la vivienda vacía de toda la UE. A pesar de eso, es el país europeo donde más porcentaje de los ingresos se destinan a la vivienda, en torno al 50%, un 65% en el caso de los menores de 35 años, siendo el máximo recomendado por la ONU el 30%.

No se trata, por tanto, de una carencia de oferta, sino de una falta de vivienda pública de calidad, que en España apenas supone un 1,5%, la cifra más baja de toda la UE.

Con todo, si en algo coinciden tanto vecinos como propietarios es en la necesidad de regular el mercado de la vivienda de alquiler conforme a las necesidades actuales y de favorecer los espacios de diálogo con el fin de establecer espacios comunes entre residentes y visitantes.