Cabify vuelve a Barcelona y tunea la precontratación impuesta en Cataluña
Publicada 06/03/19
- Cabify vuelve a operar en Barcelona desde este jueves, tras adecuar su modelo de negocio a las restricciones impuestas por la Generalitat
- La plataforma sólo aplicará la precontratación con un mínimo de 15 minutos a la que obliga el decreto catalán solo en la primera reserva.
- Cabify destaca que, para lograr este objeivo, está "asumiendo una serie de costes que no tiene el deber jurídico de soportar", ha denunciado
Cabify anuncia para este jueves su regreso a Barcelona, tras un paréntesis de algo más de un mes, en el que la plataforma ha adaptado su modelo de negocio a las restricciones impuestas en la normativa sobre el sector de vehículos d etursmo con conductor (VTC) aprobada por la Generalitat de Cataluña que permita a los usuarios contar de nuevo con alternativas eficientes de movilidad. Sólo aplicará la precontratación con un mínimo de 15 minutos a la que obliga el decreto catalán solo en la primera reserva.
La empresa ahora firma un contrato de sevricio po run año con sus usuarios que, una vez que aceptan las nuevas condiciones de contratación, se aplicará el tiempo de precontratación de un mínimo de 15 minutos estipulada en la normativa y, posteriormente, los clientes de Cabify podrán solicitar el servicio cada vez lo que desee sin necesidad de realizar esta espera previa.
Cabify considera que los 15 minutos de precontratación se tienen que aplicar al firmar las nuevas condiciones contractuales y no cada vez que un usuario solicita un servicio, sorteando así la nueva normativa de la Generalitat que deja lugar a este resquicio legal.
Breve paréntesis
Cabify, al igual que Uber, dejó de operar en Barcelona el pasado día 1 de febrero, día en el que entró en vigor el decreto de la Generalitat que obliga a precontratar el servicio de un vehículo de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de 15 minutos (ver: Cabify, otro servicio VTC que deja Barcelona).
Poco más después de un mes, la empresa ha explicado en un comunicado que vuelve a operar en Barcelona, para lo que ha lanzado una nueva operativa solo para Cataluña que "mantiene la sencillez de uso de la aplicación" y se "ajusta" a los requisitos impuestos por el gobierno catalán.
Cabify destaca que, para lograr este objeivo, está "asumiendo una serie de costes que no tiene el deber jurídico de soportar", ha denunciado.
Así, el usuario que haya viajado alguna vez en Cataluña con Cabify y quiera seguir haciéndolo deberá aceptar unas nuevas condiciones de contratación acordes a la distinta naturaleza del servicio que la compañía presta ahora en la comunidad. Recuerda que el nuevo modelo implica renunciar a la operativa general de Cabify de gestión del servicio como agencia de viajes y pasar a operar como empresa de transporte.
Cabify espera trabajar en la ciudad con una flota de 300 coches en una fase inicial, lo que puede dar lugar a alguna demora en horas de alta demanda. Sin embargo, la empresa considera que la situación que asume a partir de mañana será "transitoria" y que el decreto ley aprobado por la Generalitat será declarado nulo por los tribunales en un futuro próximo, ya que, si no es así, volvería a plantearse su situación en Cataluña.
La compañía afirma que la decisión de volver a Barcelona "no implica la conformidad de la empresa con la nueva normativa de la Generalitat", que considera "desproporcionada y contraria a Derecho", sino que responde al compromiso con la ciudad, sus usuarios, empleados y el afianzamiento de miles de empleos.
La empresa considera que este modelo no es el óptimo para una ciudad y una comunidad que son "símbolos de innovación y progreso" y está dispuesta a cargar con el "elevado e injustificado" coste de adaptar su modelo de negocio para cubrir las necesidades de los usuarios.
Cabify lamenta que la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona hayan optado por "restringir las opciones de movilidad de los usuarios y el derecho a la libertad de empresa" de Cabify a través de una normativa que ha sido cuestionada por la Autoridad Catalana de la Competencia y el Consejo de Garantías Estatutarias de la propia Generalitat (ver: El Consejo de Garantías catalán objeta el decreto contra las VTC).
El pasado mes de febrero, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó inicialmente el nuevo reglamento de VTC, que obliga a precontratar este tipo de servicios con una antelación mínima de 60 minutos y fija multas de hasta 1.400 euros para quien incumpla este punto.
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