Cantabria abre 48 expedientes a viviendas y avanza la legislación

Según ha explicado a Efe la Dirección General de Turismo, el borrador del decreto se ha enviado a las secretarías generales de las distintas consejerías del Gobierno para que lo evalúen y planteen sus alegaciones.

Fue en agosto del pasado año cuando se sacó a información pública el borrador del decreto, que recibió alegaciones de las asociaciones de Hostelería de Cantabria y Turismo Rural; de la Asociación Española de Economía Digital; de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR); y de la Asociación de Viviendas Vacaciones de Cantabria (ALVACAN), además de dos a nivel particular.

Entre los temas aportados por las alegaciones había, entre otros, comentarios, dudas o peticiones sobre protección de datos; puntualizaciones sobre cómo debe una Comunidad de Propietarios autorizar o no la existencia de este tipo de alojamientos en su bloque; y apuntes sobre si se exige licencia de apertura como al resto de alojamientos.

También hubo aportaciones sobre qué tipo de prestación de servicios se exige, o sobre el registro de viajeros ante la Guardia Civil.

Tras recibir las alegaciones, la Dirección General de Turismo las analizó e introdujo algunos cambios, fundamentalmente para matizar definiciones y conceptos para plasmarlas con un lenguaje jurídico correcto.

Este mismo mes de marzo la Dirección General ha remitido el texto a las secretarías de las consejerías para que lo estudien por el plazo de un mes.

Cuando se reciban las conclusiones de las consejerías, la Dirección General de Turismo hará una valoración final y remitirá el texto a los servicios jurídicos de Gobierno regional.

También está previsto que se envíe al Consejo de Estado para que emita un informe y el último paso será remitirlo al Parlamento de Cantabria.

Respecto a esta normativa, el Gobierno cántabro ha explicado que el aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo y la proliferación de este tipo de alquiler vacacional ha llevado a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a actuar con el fin de dotar de un régimen jurídico propio a esta nueva modalidad de alojamiento.

Se pretende acabar con el limbo legal en el que se encuentran en la actualidad, tras la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno de España, que en 2013 excluyó expresamente el fin turístico de los alquileres.

La nueva normativa pretende luchar contra el intrusismo, garantizar la seguridad ciudadana y establecer unas mínimas garantías para los usuarios de las viviendas y pisos turísticos que se ofertan como tales sin estar sujetos a ninguna reglamentación o registro de actividad turística.

El decreto persigue también establecer un censo de viviendas de uso turístico para eliminar la competencia desleal.