Alitalia sigue sin plan estratégico y los sindicatos amenazan con huelga

Ante este panorama, fuentes del sindicato de trasporte Filt-Cgil han afirmado que la situación "es insostenible" y que barajan con el resto de organizaciones sindicales del sector llamar a los empleados de la aerolínea a una huelga de 24 horas en los próximos días.

Las mismas fuentes han lamentado que ni el Gobierno ni FS les hayan convocado a una mesa de negociación y dijeron que desconocen cómo se están desarrollando las conversaciones y qué va a ocurrir con la plantilla.

FS se había comprometido a presentar un plan antes del 31 de enero, pero tuvo que pedir una prórroga porque no encontraba entonces un socio privado dispuesto a invertir en Alitalia.

Poco después anunció que iniciaba negociaciones con Delta Airlines y easyJet, pero la low cost británica anunció su retiro de las conversaciones el pasado 18 de marzo.

FS ha señalado recientemente en un comunicado que dialoga "con un pequeño número de actores industriales para determinar las condiciones para la formación de una estructura accionarial" que se haga cargo de Alitalia, y que necesita más tiempo "para llegar a la definición de un modelo industrial sostenible".

Esta nueva petición de aplazamiento no ha gustado a los administradores concursales y uno de ellos, Daniele Discepolo, dijo a los medios que la gestión que están realizando no podía seguir hasta el infinito. "O FS justifica la prórroga con documentos detallados o que renuncien y lo digan claramente. No podemos seguir con unas conversaciones eternas", subrayó.

Alitalia, que no tiene beneficios desde 2002, está gestionada por tres administradores concursales desde mayo de 2017, cuando la aerolínea se puso en manos del Estado al ser incapaz de aprobar un plan para sanear sus cuentas.

El Gobierno del Partido Demócrata concedió entonces un préstamo de 900 millones de euros para garantizar su operatividad, el cual la empresa debe reembolsar antes de finales de junio.

La Comisión Europea (CE) investiga este crédito para determinar si fue una ayuda de Estado ilegal o si cumple con las normativa europea sobre apoyos a empresas en dificultades.