El decreto de la Comunidad de Madrid convence a Fevitur pero no a la OCU
Representa la "casi absoluta prohibición del alquiler turístico", según la asociación de consumidores
Publicada 13/04/19
Conseguir una regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) que deje satisfechas a todas las partes implicadas parece a día de hoy ciencia ficción. El conflicto entre propietarios, consumidores, empresarios y Administración está llamado a resolverse por ahora ante un juez. La última normativa aprobada, la de la Comunidad de Madrid, ha sido bien recibida por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), que la califica como "un claro ejercicio de sentido común". En cambio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la rechaza frontalmente porque supondrá una "reducción drástica" de los pisos turísticos y ya adelanta que tanto la regulación de la Comunidad como la del Ayuntamiento terminarán ante la justicia.
Fevitur ha valorado de manera "positiva" el nuevo decreto aprobado esta semana por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, según ha declarado a HOSTELTUR su presidente Tolo Gomila. "Reúne requisitos de calidad, aporta seguridad jurídica y otorga derechos y obligaciones para aquellos propietarios que de forma libre quieran destinar su propiedad a uso turístico", afirma.
Gomila aplaude sobre todo "el importante consenso con los actores implicados y un ejemplo el haber enviado previamente el borrador del decreto a Bruselas para que indicara su parecer", algo que ve como "un claro ejercicio de sentido común".
Entre otras particularidades, la nueva regulación autonómica considera vivienda de uso turístico a aquellos pisos privados que se ofrece a los turistas desde el primer día, no después de 90 días, como estipula el Plan Especial de Hospedaje del Ayuntamiento de Madrid y que Fevitur ya ha anunciado que va a impugnar en los tribunales.
Tolo Gomila asegura que el plan municipal "vulnera claramente la legalidad" y recuerda que "las Administraciones tienen también limitaciones en derecho".
En concreto, señala que "no respeta la proporcionalidad, solo limita una tipología de la oferta y exige criterios de imposible cumplimento".
Y concluye de manera contundente al calificarlo de "soflama electoral de último minuto que el equipo en descomposición del Ayuntamiento de Madrid ha resuelto para ocultar el estrepitoso fracaso en materia de vivienda".
Prohibición del alquiler turístico
Una visión completamente opuesta es la que presenta la OCU. En un comunicado difundido el pasado martes, la asociación de consumidores rechaza tanto la normativa municipal como la regional ya que "su aplicación supondrá una reducción drástica de la oferta de vivienda turística" y opina que "la combinación de ambas normativas excede de la necesaria regulación para acabar en la casi absoluta prohibición del alquiler turístico en Madrid".
La asociación defiende "una regulación equilibrada del sector que pase por garantizar el derecho de los usuarios al acceso a una oferta legal y amplia de servicios, que asegure la libre elección de los consumidores y proteja sus derechos como tales".
Subraya que la normativa debe "respetar el derecho de los propietarios a alquilar las viviendas de su propiedad en la fórmula que consideren más adecuada", además de contemplar el cumplimiento de las normas de convivencia entre vecinos.
Sin embargo, considera que las regulaciones aprobadas "no respetan estos principios, ya que establecen una serie de restricciones que en la práctica restringen la oferta de vivienda vacacional".
Empresarios y particulares
La asociación insiste en que las limitaciones que legalmente puedan imponerse al alquiler para estancias vacacionales "deben estar justificadas por razones de necesidad y proporcionalidad suficientes" y que "no pueden imponerse las mismas exigencias legales para el ejercicio de la actividad para los empresarios y para los particulares, ya que esto limita el derecho de los propietarios y perjudica a los usuarios que no podrán optar por esta opción".
Precisamente esta distinción entre empresarios y particulares es lo que esgrime la OCU para exigir que el usuario debe conocer si quien está detrás de la oferta es un profesional, que debe cumplir todos los requisitos necesarios para ejercer la actividad, o se trata de un particular.
Otra cuestión es el papel de las plataformas que ofrecen estas viviendas, como Airbnb, que según la organización de consumidores deben regularse de manera específica.
Por último, la OCU asume que será la justicia la que tendrán que resolver estas disquisiciones. "Al igual que ha ocurrido con otras normas similares, serán los tribunales los que corrijan la normativa aprobada, limitando las restricciones impuestas y estableciendo el necesario equilibrio que garantice los derechos de consumidores, propietarios y vecinos", concluye.
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