Acusada de estafar en agencia de viajes cerró al no poder afrontar pagos

La encausada, Julia María A.H., se ha sentado en el banquillo de los acusados tras su reciente arresto en Polonia, mediante una euroorden, dictada después de que no se presentase en la vista oral en abril de 2017 para ser juzgada por apropiación indebida y estafa. La acusada ha escuchado cómo una docena de testigos ha relatado sus experiencias, con viajes a distintos puntos del extranjero y España que contrataron con la agencia de Julia María A.H., Vibolid, y que finalmente no pudieron concluir después de haber abonado parte o todo el dinero del viaje concertado según los casos.

La procesada ha reconocido que entre 2013 y 2015 fue la propietaria de esa agencia de viajes, situada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, donde los clientes le entregaban cantidades a cuenta o el viaje completo, lo que ella justificaba con facturas o albaranes en la mayoría de los supuestos. Ha asegurado que hizo las reservas de los viajes prácticamente siempre, aunque a veces esperaba en función de la existencia o no de plazas y ha negado que cancelase esas reservas.

Preguntada por la fiscal sobre qué contestaba a las personas que le reclamaban su dinero o sus viajes, ha asegurado que ella intentaba darles servicio, pero no pudo devolver determinadas cantidades de dinero porque no tenía liquidez, tras lo que finalmente, en agosto de 2014 cerró el establecimiento ante la imposibilidad de hacer frente a todos los pagos. Ha admitido que fue pagando unas reservas de plazas y viajes con otras y ha dicho que no recuerda si recibió una notificación sobre la cancelación de la póliza de seguros que tenía contratada con Catalana Occidente. Tres documentos le han exhibido en este sentido para ver si reconocía en ellos su firma, lo que sólo ha hecho en el último caso.

Uno de los documentos estaba fechado el 7 de marzo de 2014, en el que la aseguradora comunicó a la Junta que la ahora acusada no tenía seguro; otro de 3 de mayo, una notificación del expediente que abrió la Administración autonómica, y otro de 21 de julio con la notificación de la resolución adoptada sobre la carencia de licencia de la encausada para ejercer.

"El cielo se me cayó encima", ha expresado una de las testigos que ha comparecido hoy la vista oral, quien ha narrado cómo compró en Vibolid dos billetes para la República Dominicana, de 800 euros cada uno, de ida y vuelta, que fue pagando a plazos y, cuando fue a recoger sus pasajes, ya con las maletas hechas, se encontró con un cartel en la puerta de la agencia en el que rezaba "cerrado por vacaciones".

No pudo realizar el viaje programado, ha explicado la testigo, quien ha precisado que entregó el dinero a Julia María A.H, por confianza, porque ella "sabe envolver", y ha narrado cómo se quedó sin poder ir a ver a su familia a la República Dominicana después de muchos años sin acudir a ese país. Viajes a Argentina y Paraguay, a Estados Unidos, a Ucrania, a Brasil y también a destinos nacionales como Benidorm figuran entre los recorridos que según los testigos que han declarado hoy concertaron con la acusada y que, bien no pudieron realizar, bien tuvieron que llevar a cabo con otras agencias después de haber abonado parte o todo el viaje a la acusada.

"Me estuvo tomando el pelo", "me engañó", ha dicho uno de los testigos, quien pagó 650 euros para viajar a Santo Domingo, no pudo desplazarse a su previsto destino, se encontró la agencia cerrada cuando fue a reclamar y nunca consiguió volver a contactar con la encausada ni recuperar su dinero. El dueño de otra agencia de viajes, también en su comparecencia como testigo, ha explicado que la acusada le pidió el favor de que sacara tres billetes para el día siguiente por valor de 1.321 euros, porque ella había tenido un problema con su tarjeta. Pagó ese dinero y después se enteró de que Julia María A.H. había sido arrestada, contactó entonces con ella y la acusada le dijo que "la había liado gorda".

La fiscal pide provisionalmente seis años de prisión y multa de doce meses con cuota diaria de doce euros además de indemnizaciones que suman más de 50.000 euros, mientras la defensa pide la absolución y las acusaciones penas que oscilan entre cuatro y seis años. Para el ministerio público, la acusada recibió cantidades de 38 personas haciendo creer a las víctimas que contrataría los viajes y estancias, cuando se verdadero propósito consistía en hacerse con el dinero, en total 53.485,42 euros.