El Parlamento valenciano aprueba la nueva Ley de Turismo
Publicada 24/05/18
- La nueva ley eleva la cuantía de las sanciones económicas por infracciones desde los 30.000 hasta los 600.000 euros
- La normativa impulsa la protección de los consumidores y usuarios
- Se ha aprobado una enmienda para crear un Centro de Desarrollo Turístico interior en cada una de las tres provincias
Les Corts aprobaron ayer la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana con el apoyo del PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos y la abstención del PP, una norma que garantiza la sostenibilidad y la calidad del modelo turístico, recoge el concepto de ética y eleva las sanciones por infracciones hasta 600.000 euros.
Entre las novedades de la nueva normativa, que sustituye a la Ley 3/1998, de hace veinte años, destacan la incorporación de valores como la hospitalidad, la inclusión y las singularidades, la contribución para un modelo que facilite la integración de los turistas con la población local, la creación de órganos como el Comité de Ética del Turismo y la consideración de todo el territorio como activo turístico.
La ley impulsa la protección de los consumidores y usuarios y vela por la garantía del servicio que reciben elevando la cuantía de las sanciones económicas por infracciones desde los 30.000 hasta los 600.000 euros, como explicó el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, en una entrevista publicada en la revista HOSTELTUR de enero-febrero.
El diputado socialista Vicent Arques destacó ayer el proceso de participación que ha tenido la elaboración de la ley y la cantidad de enmiendas incorporadas, y la diputada de Compromís, Teresa García, señaló que el objetivo del Gobierno es un nuevo modelo económico y social que también se debe aplicar al turismo.
Se ha aprobado una enmienda para crear un Centro de Desarrollo Turístico interior en cada una de las tres provincias, una demanda del grupo popular.
Según la diputada de Ciudadanos Rosa García, debería establecer un marco jurídico estatal en lugar de "ir legislando por ciudades, provincias o autonomías" con el fin de establecer "una perspectiva nacional integral" que garantice la seguridad jurídica para propietarios, plataformas turísticas y usuarios y combatiera el fraude fiscal.
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