La aplicación de la ley Helms-Burton viola los acuerdos UE-EEUU

Así lo ha ratificado el Ejecutivo comunitario a través de una declaración conjunta de la vicepresidenta y alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, y de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, sobre la decisión de los Estados Unidos de aplicar el Título III de la Ley Helms Burton (Ley Libertad), sobre la que ya se habían pronunciado en terminos similares el pasado 17 de abril cuando hizo el anuncio el gobierno de Donald Trump.

Afirman que, a la luz de la decisión de la Administración de los Estados Unidos de no renovar la exención de aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton (Ley Libertad) de 1996, la Unión Europea reitera su más firme oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba por ser contrarias al derecho internacional.

"Esta decisión supone también una violación de los compromisos asumidos por los Estados Unidos en los acuerdos UE-EEUU de 1997 y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde entonces", señalan en el comunicado.

Playa de Varadero frente a las instalaciones de uno de los hoteles de la cadena Meliá.

Explican que, en dichos acuerdos, los EEUU se comprometió a renunciar a aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton y la UE, entre otras medidas, suspendió su recurso ante la Organización Mundial de Comercio contra ese país.

Agregan que la UE evaluará todas las posibilidades a su alcance para proteger sus intereses legítimos, incluidos sus derechos en la OMC y el uso del Estatuto de Bloqueo de la UE. Dicho Estatuto prohíbe la ejecución de sentencias judiciales de los EEUU relacionadas con el Título III de la Ley Helms-Burton dentro de la UE, y permite a las empresas de la UE demandadas en los EEUU recuperar a través de tribunales europeos cualquier daño sufrido como consecuencia de procesos legales iniciados en los EEUU.

Y puntualizó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, "quienes también han manifestado su preocupación a este respecto".

La entrada en vigor de esta ley da luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba tras la Revolución de 1959.

Desde este jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista podrán demandar en los tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas, en virtud de la activación del Título III de la mencionada ley (ver: Desde hoy se puede demandar en EEUU por propiedades confiscadas en Cuba).