Las auditoras, acusadas de lucrarse antes del cierre de Thomas Cook

Tras el interrogatorio a los representantes de los auditores, según ha trascendido en la prensa británica que ha podido acceder a las sesiones de la comisión, los parlamentarios han podido escuchar como ambas compañías no solo realizaron servicios de auditoría para Thomas Cook sino que también cobraron por asesorarles en asuntos como la retribución de los directivos.

En concreto, PwC recibió 21 millones de libras por servicios de consultoría de parte del grupo británico entre 2007 y 2016, lo que incluyó el asesoramiento respecto al pago de sus ejecutivos, en tanto que EY, que sustituyó a PwC en 2017, obtuvo también por servicios de no calificables como auditoría 2,4 millones de libras.

Hermione Hudson, jefa de auditoría de PwC, comentó que actualmente hay "restricciones significativas" sobre qué trabajos son ofrecidos por las mismas firmas que realizan la auditoría, pero, aun así, afirmó que no considera que dichos servicios tuvieran impacto en la calidad de la auditoría aunque es importante que ésta se realice de modo confiable, en relación al debate que se abrió ayer en la propia comisión protagonizado por Rachel Reeves sobre la necesidad de que estos trabajos se realicen de modo independiente. La parlamentaria defendió que esta situación ha podido estar detrás no solo del colapso de Thomas Cook sino de otras grandes empresas recientemente.

Respecto a la anotación sobre la operación de My Travel que repercutió con 1.100 millones de libras en los resultados del primer semestre de 2019, el representante de EY, Richard Wilson, admitió que mirándolo en retrospectiva, debió haberse realizado antes

El auditor también fue cuestionado acerca de por qué había calificado en marzo a la compañía con el concepto going concern, que indica que dicha compañía estará en condiciones de hacer frente sus pagos y obligaciones durante el siguiente ejercicio fiscal, cuando Thomas Cook tenía una deuda de 1.600 millones de libras. A lo que Wilson contesto que se basó en que el grupo tenía asegurados 300 millones de libras por parte de sus prestamistas.

Reproches de los sindicatos

Por parte de los sindicatos comparecieron ayer, Manuel Cortes, secretario general de TSSA y Diana Holland, asistente de la secretaría general de Unite. Estos echaron en cara al Gobierno británico que no intentara estar atento para que se pudieran salvar aquellas unidades del grupo que eran rentables.

En concreto Holland reprochó al Gobierno que no hiciera caso de las recomendaciones de una normativa, la Airlines Insolvency Review, que fue creada por el Ministerio británico de Transportes en 2017 tras la quiebra de Monarch, y que fue publicada en mayo, ya que ello hubiera permitido a Thomas Cook participar en las repatriaciones y que la división de aerolíneas del grupo, que era rentable, hubiera podido ser vendida.

Dicha normativa establece como recomendación el garantizar que una compañía insolvente pueda seguir realizando sus operaciones de vuelo durante un periodo breve de tiempo tras haber entrado en liquidación utilizando para ello los propios aviones, sistemas y personal de la aerolínea. En este caso no solo hubiese ahorrado costes sino que también hubiera podido permitir que se encontrara comprador para la división aérea, señala la representante de Unite, salvando a su vez los puestos de trabajo.

En la jornada de este miércoles está prevista la comparecencia en la comisión de los dos CEO anteriores a la quiebra de turoperador, Manny Fontenla-Novoa y Harriet Green.