Salou quiere mayor tajada de PortAventura

Hasta la fecha, y desde 1992, tanto Salou como Vila-seca se reparten equitativamente los impuestos que paga el parque temático, construido a caballo entre ambos municipios, que ascienden a casi 2 millones de euros anuales (un millón para cada localidad). No obstante, el parque ocupa un mayor porcentaje de terreno de Salou.

En abril próximo es el vigésimo aniversario del consorcio del Centro Recreativo Turístico (CRT), el ente constituido por ambos ayuntamientos y la Generalitat que gestiona la recaudación y el urbanismo del parque, y la moción pretende que Salou reciba un mayor porcentaje de los impuestos de PortAventura.

Ante la proximidad de extinción de la vigencia del consorcio, el 2 de abril próximo, Salou propone "la modificación de sus estatutos para adaptarlos a la nueva realidad y donde específicamente se contemple un nuevo modelo de distribución fiscal en función de la proporcionalidad territorial de cada municipio".

A juicio del alcalde de Salou, Pere Granados, el reparto global de impuestos con Vila-seca tendría que ser de 57 a 43 favorable a Salou, y por sectores la proporción sería de 93 a 7 -comercial-, 30 a 70 -parque temático- y 70 a 30 -resort-.

"Somos responsables y queremos el consorcio, pero retocando la proporción de la fiscalidad, pues el 50% ha llegado a su fin", ha indicado Granados para solicitar "una nueva fórmula de reparto" y anunciar "una negociación" con el Ayuntamiento de Vila-seca, con el que todavía no ha hablado del tema, pero con el que espera llegar a un acuerdo, y pedir que "ninguna otra administración se entrometa".

"Nada que perder"

"Si no quieren negociar, cabe la posibilidad de denunciar al consorcio, que no podría seguir", ha añadido Granados, quien, no obstante, ha recalcado que apuesta por llegar a un acuerdo que mejore sus condiciones, ya que "no tenemos nada que perder".

Granados ha querido tranquilizar a los inversores porque "no pretendemos poner nada en peligro", sino defender sus intereses, "la territorialidad en la tributación" y "la autonomía municipal".

Así, si no siguiera el consorcio "a los dueños del parque no les afectaría", pues pagarían independientemente a cada municipio -los ingresos proceden básicamente del IBI- y Salou recibiría una suma mayor al estar asentada la mayor parte del parque en ese municipio.