Tortazo judicial a Airbnb: deberá eliminar anuncios sin número de registro

La sentencia fallada en Cataluña se remonta a un proceso judicial iniciado por la Generalitat en 2015, en la etapa de Marian Muro como directora general de Turismo.

Según explica el actual director general de Turismo de la Generalitat, Octavi Bono, "la sentencia refuerza nuestros argumentos en cuanto al control y la inspección de un fenómeno global que está obligado a cumplir la ley como el resto de actores. Las plataformas no pueden promover viviendas turísticas ilegales. Estamos dedicando muchos esfuerzos y no cejaremos".

El número de anuncios de Airbnb afectados por esta sentencia en Cataluña rozaría los 12.000.

Octavi Bono: "Airbnb combatió la normativa catalana desde el primer momento. Ahora su batalla ha llegado al final y ha perdido"

"La Generalitat fue pionera en la regulación de la actividad de las viviendas turísticas, muchos gobiernos se inspiraron en nuestra normativa y Airbnb la combatió desde el primer momento. Ahora su batalla ha llegado al final y ha perdido. Queda avalada la normativa catalana y Airbnb está obligada a cumplir la Ley como el resto de actores. No puede comercializar oferta ilegal", añade Octavi Bono.

En suma, la administración catalana "valora muy positivamente la sentencia" y destaca de ella "tres aspectos especialmente importantes".

El mismo grupo empresarial

En primer lugar, apunta la Generalitat de Cataluña, con independencia de los domicilios sociales y de las diferentes personalidades jurídicas que toma Airbnb en Irlanda (Airbnb Ireland) o en España (Airbnb Marketing Services), la sentencia deja claro que ambas forman un grupo empresarial y por tanto debe aplicárseles la Ley de Turismo catalana cuando su actividad afecte a dicha comunidad.

"Por lo tanto son responsables de retirar de la web los anuncios de viviendas que no hayan hecho la comunicación de actividad ante los ayuntamientos" y que no estén incluidas en el registro oficial de viviendas de uso turístico, cuando el planeamiento de cada municipio lo permita.

De este modo "es ajustada a derecho la resolución de la Generalitat que obliga a la sociedad irlandesa y a la sociedad española, ambas del grupo Airbnb, a retirar las viviendas que se ofrezcan como turísticos y no lo sean".

Responsabilidad de Airbnb

En segundo lugar, según destaca la Generalitat de Cataluña, la sentencia establece que "Airbnb tiene la obligación de discernir cuáles alojamientos tienen la consideración de alojamientos turísticos y cuáles no".

"El servicio del portal no es un simple tablón de anuncios electrónico, o un servicio de conexión de los usuarios, tiene un papel activo y controla la información que aloja por lo tanto no está exenta de la responsabilidad por la legislación especial de comercio electrónico".

"Airbnb tiene el control de la información proporcionada por los usuarios y sobre los contenidos ilegales. No se limita a una función pasiva de mero tratamiento técnico y automático de los datos"

Es decir, "Airbnb no se puede beneficiar de la exención de responsabilidad porque no solo actúa como una plataforma tecnológica que se limita a publicar anuncios de sus usuarios que son los que determinan la información y el contenido de los mismos. Tiene el control de la información proporcionada por los usuarios, y sobre los contenidos ilegales. No se limita a una función pasiva de mero tratamiento técnico y automático de los datos".

No vulnera el marco jurídico europeo

En tercer lugar, "el régimen de las viviendas de uso turístico en Cataluña y la obligación de publicar el número de registro en toda publicidad no vulnera los marcos jurídicos europeo y estatal reguladores de las plataformas tecnológicas y del libre acceso a las actividades y servicios".

"No es una medida que restringe la libre prestación de servicios y está justificada por razones imperiosas de interés general, proteger a los usuarios turísticos del fraude", concluye la administración catalana.

Turistas en las Ramblas de Barcelona.

Respuesta de Airbnb

Puestos en contacto con Airbnb para conocer su valoración sobre la sentencia judicial en Cataluña, la compañía ha emitido un comunicado donde dice lo siguiente:

"Airbnb ha sido pionera en Cataluña luchando contra los malos actores y ayudando a los anfitriones a cumplir con la regulación regional de turismo. Desde junio de 2018, Airbnb requiere que todos los nuevos anuncios que están regulados por la Ley de Turismo en Cataluña muestren el número de registro. Esta decisión del tribunal se remonta a un antiguo caso en Cataluña y la recurriremos".

Airbnb: "Desde 2018 requerimos que los nuevos anuncios regulados por la Ley de Turismo de Cataluña muestren el número de registro"

La compañía se defiende además con los siguientes argumentos:

• "Durante casi tres años, Airbnb ha implementado claramente un apartado para identificar el número de licencia por parte de los anfitriones en Cataluña".
• "En junio de 2018, Airbnb lanzó una nueva herramienta tecnológica para ayudar a los anfitriones a cumplir con la regulación turística en Barcelona y Cataluña, haciendo más fácil para las autoridades verificar que los anuncios cumplen con la ley y ayudando a reducir los potenciales malos actores".
• "Airbnb sigue recordando a los anfitriones las leyes locales de turismo poniendo a su disposición información sobre regulación local".
• "Desde diciembre del año pasado, Airbnb comparte información de los anfitriones con Hacienda".
• "Airbnb está comprometido con continuar colaborando con las administraciones, incluyendo la Generalitat, pero Barcelona y Cataluña todavía no tienen reglas claras diseñadas para las familias que comparten sus hogares. La Generalitat ha evitado en los últimos cuatro años aprobar la ley que permitiría a las familias compartir sus hogares".

Revisión de siete millones de anuncios

Además, Airbnb recuerda que "en los últimos meses ha lanzado una serie de nuevas medidas y actualizaciones de sus políticas, con el objetivo de reforzar la seguridad y confianza en la plataforma".

"Para ello, Airbnb verificará los siete millones de anuncios en la plataforma, establecerá líneas de comunicación directas específicas para vecinos y autoridades locales, y ha actualizado sus normas y estándares, prohibiendo las fiestas y eventos", añade la compañía.

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Por otra parte, aunque la decisión del tribunal en Cataluña dicta la eliminación de los anuncios que no muestran el número de registro, Airbnb destaca una reciente opinión del Abogado General de la Unión Europea, según la cual "un servicio como el proporcionado por el portal Airbnb constituye un servicio de la sociedad de la información” y “la directiva de comercio electrónico impide que un Estado Miembro restrinja, en tales circunstancias y de tal manera, el libre movimiento de servicios de la sociedad de la información desde otro Estado Miembro”.

Mafias en Barcelona

Esta semana se ha sabido que tramas mafiosas dedicadas a realquilar ilegalmente viviendas para turistas actúan de manera cada vez más descarada en Barcelona, según ha revelado La Vanguardia.

"El Ayuntamiento detalla que en estos momentos están actuando en Barcelona nueve bandas 'piramidales y mafiosas' (...) Airbnb está muy preocupada. La situación está desmadrándose", explica el rotativo.

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Sanciones en la Comunidad Valenciana

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha reafirmado la sanción que la Generalitat Valenciana interpuso en su momento a Airbnb por no solicitar ni mostrar el número de registro de las viviendas que comercializa, según informa la agencia de noticias Efe.

Francesc Colomer: "El hecho de que el Tribunal Supremo nos dé la razón ante estos gigantes globales lanza un mensaje de no impunidad"

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha manifestado en un comunicado tras conocer la resolución del Alto tribunal: "El hecho de que el Supremo nos dé la razón ante estos gigantes globales es una noticia muy positiva que lanza un mensaje de no impunidad".

"Es una buena noticia para el sector reglado y profesional, así como para el modelo turístico que buscamos para nuestra Comunitat, donde el intrusismo y la competencia desleal no tienen espacio", ha expresado Colomer, quien ha recordado que la sentencia contra Airbnb fue la cuarta que Turisme Comunitat Valenciana ganó en los tribunales y ha señalado que, desde 2015, se han iniciado 54 procedimientos sancionadores a este tipo de plataformas.

La nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad incrementa la capacidad sancionadora del Consell en esta materia, por lo que los expedientes sancionadores pueden llegar hasta los 600.000 euros de multa.

Colomer ha asegurado que continuarán "abriendo expedientes a todas aquellas plataformas que no subsanen en sus prácticas irregulares y mantengan su oferta sin solicitar ni mostrar el número de registro" para garantizar "no sólo que los propietarios de los alojamientos cumplan con sus obligaciones, sino para que los consumidores puedan reclamar sus derechos".

Respecto a esta última sentencia, Airbnb ha indicado que "por el momento no tenemos nada que compartir".