Pilotos y tripulantes de cabina de Ryanair impugnan su despido colectivo

En una extensa demanda, las tres organizaciones sindicales argumentan que, desde que la low cost anunció el cierre de bases en agosto pasado hasta finalizar el periodo de consultas del ERE e, incluso, posteriormente, "se han dado toda una serie de ilegalidades que deben conducir a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad o no ajustado a derecho el despido colectivo planteado" que son descritas ampliamente en la demanda.

Precisan que Ryanair no ha acreditado las causas productivas y organizativas en las que basa su decisión de presentar el ERE, "e incluso, algunas de ellas son inexistentes".

Concretamente, las causas del cierre de bases esgrimidas por Ryanair eran el retraso en las entregas de los Boeing 737-MAX; la ineficiencia de las bases de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife por tarifas bajas, elevado coste de operaciones y la incertidumbre ante el Brexit y su impacto en el negocio de Ryanair en Canarias, y la disminución de la demanda en el Aeropuerto de Girona durante la temporada de invierno.

Sin embargo, según los demandantes, la aerolínea no ha podido demostrar ese descenso en la demanda ni en la facturación en las operaciones en las bases canarias, del mismo modo que no se ha podido acreditar cambios en la operativa de Girona, siendo la estacionalidad de su actividad una constante desde la apertura de la base.

En cuanto al retraso en la entrega de los Boeing 737 MAX, hecho que sí es constatable, se considera que no puede argumentarse como causa productiva, ya que, Ryanair contempla en su Informe Anual de 2019 disponer de unas 60 aeronaves inmovilizadas como estrategia estacional, por lo que la no entrega de aviones no puede justificar el cierre de bases. Tampoco, incluye en su informa técnico las mencionadas causas organizativas.

Irregularidades

Entre las irregularidades atribuidas a la aerolínea, figuran la falta de petición de informe a los sindicatos, pese a las advertencias realizadas por la Dirección General de Trabajo, que finalmente se realizó el último día del periodo de consultas -14 de noviembre-; la falta de aportación del plan de recolocación externo; o la diferencia entre la comunicación de decisión final de la empresa a los representantes sindicales y la realizada a la autoridad laboral en cuanto a indemnizaciones por despido, vacantes, listado definitivo de afectados (224 de los 502 que recibieron la carta anunciando el ERE), fechas o situación en Girona, entre otras. "Son hechos que se prueban en el escrito y que incumplen distintos artículos del Real Decreto 1483/2012 y del Estatuto de los Trabajadores", destacan.

La promoción de soluciones individuales al margen del periodo de consultas -pasar a otras empresas del grupo con peores condiciones, permisos sin sueldo o el traslado de trabajadores afectados a otras bases españolas o extranjeras- ha sido también una tónica general desde que Ryanair comunicara en agosto de este año su decisión de cierre de bases en España.

Finalmente, la demanda contiene un apartado en el que se analiza la actuación de la empresa con respecto de la base en el Aeropuerto de Girona, que los sindicatos consideran "una auténtica coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe", ya que, Ryanair hace una propuesta en la que condiciona no cerrar la base dejándola como base estacional, con la conversión de contratos de la plantilla de fijos a fijos discontinuos, a cambio de que los sindicatos aceptaran las condiciones del ERE para el resto de trabajadores afectados -indemnización de 20 días por año y limitadas vacantes fuera de España que no son bloqueadas-, es decir, aceptar el despido del resto de compañeros en términos de mínimos legales, aunque la decisión final quedaba en sus manos, además de las dos condiciones previas.