La Ley de Información no Financiera, un nuevo paso hacia la sostenibilidad

En poco más de un año las empresas han tenido que realizar grandes esfuerzos para adaptarse a las nuevas normativas que han entrado en vigor en este tiempo. Desde el 25 de mayo de 2018 está operativo en todos los países de la Unión Europea el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en ese mismo año, el 28 de diciembre, entró en vigor la Ley de Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados para el sector de la intermediación.

Más reciente es la directiva de servicios de seguridad en pagos electrónicos (conocida como PSD2), que se aplica desde el 14 de septiembre. Y cuando muchas empresas no han completado todavía la adaptación a las mismas, gran parte de ellas tienen que cumplir el mandato que impone la Ley de Información no Financiera y Diversidad, en vigor desde principios de año.

Obliga a las empresas a presentar en el Registro Mercantil -el primer ejercicio que tienen que incluir es 2018-, además de sus cuentas anuales, un informe sobre las medidas que impulsan para favorecer la igualdad, la inclusión de las personas con discapacidad o su política medioambiental, entre otras.

Las empresas tienen que detallar también su política sobre reducción de emisiones y gestión de los residuos.

La normativa, de momento, no tiene especial incidencia en el turismo, ya que afecta a las firmas de más de 250 empleados, y este sector está integrado en su mayoría por pequeñas y medianas compañías, aunque los expertos no descartan que se aplique en poco tiempo también a las pymes, una vez haya tenido un recorrido y se hayan mejorado algunos aspectos.

Uno de ellos es la falta de estandarización de los indicadores contenidos en la ley, lo que imposibilita la comparación rigurosa de los datos de las empresas, según se recoge en un reciente estudio de la consultora EY, titulado “Rethinking sustainability”.

El objetivo de la nueva ley

La normativa pretende normalizar la información sobre aspectos que van más allá de los estrictamente financieros, con el propósito de mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores y de los consumidores.

Está destinada a las sociedades cuyo número medio de trabajadores sea superior a 500 y a las que, o bien sean entidades de interés público -bancos, aseguradoras, emisoras de valores- o durante dos años seguidos superen los 20 millones de euros de activos, los 40 millones de cifra de negocio anual o en las que el número medio de trabajadores supere los 250 en ese periodo de tiempo.

Tendrán que presentar un informe sobre las políticas sociales, ambientales, de personal -tipo de contratos o salarios desagregados por género, entre otros-, derechos humanos y medidas para prevenir la corrupción o el blanqueo de capitales

María Paz Abad, directora del despacho de abogados Tourism & Law, recuerda que “temas como el blanqueo de capitales o las nuevas estructuras laborales, como los planes de igualdad de género o la inclusión de personas con discapacidad, ya se habían introducido en las empresas desde hace tiempo, pero la diferencia es que ahora hay que dar cuenta de su seguimiento”.

Hortensio Santos, abogado senior de la misma firma y especialista en Derecho de la Unión Europea, cree que la nueva normativa “llegará a las pymes con el tiempo. Esta información se tiene que presentar todos los años, al igual que las cuentas anuales, y acabará afectando a todo el mundo”.

No obstante, en estos momentos, “la pyme turística no está centrada en cuestiones como la información sobre derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno y el blanqueo de capitales”, añade.

Un sector de pymes

El turismo está dominado por pymes y microempresas. Por tanto, muy pocas están obligadas a seguir esta normativa. Más de la mitad tienen asalariados a su cargo (231.653 de 408.461), pero solo 658 registran más de 200 trabajadores, según datos del informe ‘Turismo y economía. Análisis, medición y horizonte’, del Consejo General de Economistas.

El alojamiento es el segmento que cuenta con el mayor número de empresas grandes y concentra más del 25% de los empleados del sector, de acuerdo con el INE.

Esta medida “es un plus que la economía europea está ofreciendo al mundo para distinguirse, por ejemplo, de lo que pueda ser el mercado estadounidense o los mercados asiáticos o latinoamericanos”, afirma Santos

“Se pretende dar seguridad y confianza a los consumidores y con seguridad y confianza al final el mercado va hacia adelante”, añade.

“Hay que ver siempre estas cosas desde un punto de vista positivo. Siempre les decimos a nuestros clientes que ser claros y transparentes es un plus añadido de su empresa de cara al resto de competidores”, agrega María Paz Abad.

De hecho, Alberto Castilla, socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa de EY, reconoce que “los inversores tienen muy en cuenta estos factores (transparencia y confianza) a la hora de tomar sus decisiones de inversión”.

El citado estudio de esta firma ha analizado el modo en que las empresas del Ibex 35 han facilitado su información no financiera correspondiente a 2018 y concluye que solo en el último año el número de compañías que dispone de políticas de RSC formalmente aprobadas por el consejo de administración se ha duplicado al pasar del 37% a 77%.

Este reportaje forma parte de los contenidos de la revista HOSTELTUR de diciembre. También se puede descargar en formato PDF en el siguiente en enlace: