¿Frenará el acuerdo con Podemos la expansión del alquiler turístico?

El apartado indica que, para abordar la cuestión de la influencia del alquiler turístico en los precios y disponibiidad de la vivienda "se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio".

Esta decisión se argumenta en que las formaciones sostienen que "el incremento de los precios del alquiler y la limitación de la oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos".

En principio, la mención que se hace en este acuerdo, sin concretar más, estaría en la línea de lo que ya reguló el real decreto–ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que aprobó el Consejo de Ministros y entró en vigor a comienzo de marzo. En este se establecía la planificación de una reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria (tres quintos) para que las comunidades de propietarios pudieran limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda.

Diferente sería si, tras la formación del Gobierno, esta declaración de intenciones se tradujera en el establecimiento, por ejemplo, de una mayoría simple para la aprobación de la prohibición por parte de los vecinos o exigencias específicas a las viviendas turísticas dentro de las fincas.

Hasta ahora, los mecanismos regulatorios que se han querido establecer a distintos niveles no parecen estar logrando ser efectivos para evitar los problemas derivados especialmente de la parte de vivienda vacacional que continúa siendo ilegal, según La vivienda vacacional acusa a los hoteleros: "Nos han demonizado".

Por otro lado, desde la Federación de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) han venido defendiendo con el apoyo en diversos estudios, que no hay base para responsabilizar a la vivienda turística de las subidas del precio del alquiler en las ciudades españolas en los últimos años.