Fetave reclama al Gobierno una comisión interministerial para el Turismo

Fetave recuerda que el sector turístico representa aproximadamente el 12% del PIB y el 13% del empleo en España y sus competencias corresponden a una pluralidad de ministerios, entre los que se encuentran Transportes, Interior, Transición Ecológica, Sanidad, Exteriores, Trabajo, entre otros.

Ante esta "transversalidad", la asociación solicita la creación de un órgano de coordinación y colaboración interadministrativa, preferiblemente una comisión delegada del Gobierno donde estén representados los ministerios con competencias relevantes para la actividad turística o una comisión interministerial.

Se trata de una petición por parte de Fetave al Ejecutivo que nace de la reunión del Consejo Español de Turismo (Conestur) con el presidente del Gobierno en la pasada edición de Fitur,

Garantía solidaria

La asociación ha solicitado, además, la modificación de la garantía solidaria entre organizadores y minoristas del Real Decreto Ley de 27 de diciembre de 2018 referente a Viajes Combinados y servicios de viajes vinculados porque, sin ser obligación derivada de la Directiva UE 2015/2302, sino una decisión nacional, no representa ninguna protección adicional para el viajero.

En cambio, añade, sí que supone un incremento de costes de unos 165 millones de euros anuales que acabará repercutiendo sobre el viajero, con un beneficio de más de 45 millones para las aseguradoras por imposición legal ya que el importe de esas primas carece de riesgo adicional cubierto.

La organización que preside César Gutiérrez recuerda que este sistema de garantía solidaria no tiene equivalente en ningún otro sector económico produciendo situaciones sin sentido como que una pequeña agencia deba asegurar solidariamente los viajes organizados por un gran turoperador.

Reunión extraordinaria del Consejo Español de Turismo (Conestur) del pasado mes de octubre para analizar la quiebra de Thomas Cook.

Por ello, desde la Federación han propuesto al presidente y a los ministros competentes, que esa garantía solidaria sea sustituida por la obligada legalmente por la Directiva UE 2015/2302 junto a la del minorista en lo que concierne a sus responsabilidades en la comercialización. "Creemos que es más efectivo en términos de protección del viajero, más eficiente económicamente, y por supuesto, más justo", señala.En opinión de Fetave, la crisis de Thomas Cook ha demostrado que los países como el Reino Unido, que tenían un sistema de garantías como el que defienden la asociación, en referencia al sistema británico ATOL, "han protegido más eficientemente a los viajeros que el de aquellos otros países con sistemas más próximos al del Real Decreto Ley español".

Ante este hecho, advierte que, de no modificarse el actual marco de garantía solidaria, ante una crisis similar de un operador español, como fueron en el pasado los casos de dos grandes grupos turísticos, se volverían a repetir situaciones similares a las de entonces de falta efectiva de protección a los viajeros, si bien con menor amplitud de la de entonces.

Armonización de la normativa turística

Por último, dado que la regulación turística es competencia de las comunidades autónomas, Fetave solicita que, a través de la conferencia sectorial, desde la Administración General del Estado se promueva un consenso entre las comunidades autónomas para lograr una armonización regulatoria en aspectos tales como garantías de los viajeros en viajes combinados y servicios de viajes vinculados, requisitos para las agencias de viajes, clasificación hotelera, regulación de plataformas digitales para que su actividad se desarrolle en igualdad de condiciones que las del resto de empresas en esos sectores donde operen estas, cargas administrativas, entre otras.

En definitiva, defiende una regulación que evite la "segmentación del mercado interior español en 17 mercados con regulaciones diferentes e, incluso a veces, contradictorias con perjuicio para la actividad turística y para la economía general".

De no alcanzarse un consenso, Fetave insta a que pudiera llegarse a una normativa de armonización desde la Administración Central de acuerdo a la legislación de unidad de mercado.