El nuevo coordinador de slots costará 2,5 M € anuales
Publicada 03/02/14
El Gobierno calcula que el nuevo coordinador nacional de slots aeroportuarios costará unos 2,5 millones de euros cada año, una cantidad que financiarán casi a la mitad las aerolíneas (995.896 euros) y los aeropuertos de la red de Aena (1,15 millones) a través de una nueva prestación patrimonial pública.
Así consta en la memoria de impacto del Decreto Ley de reformas en materia de infraestructuras y transportes y otras medidas económicas, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de enero, aunque aún debe ser convalidado por el Congreso, y que entre otras cosas incluye una modificación de la ley de Seguridad Aérea, del año 2003.
Según el documento, los aeropuertos españoles pagaron en el año 2012 casi un millón de euros por los costes de personal, oficinas, soportes informáticos, etc. relacionados con la coordinación de slots aeroportuarios.
Sin embargo, la creación de un nuevo coordinador nacional independiente de los derechos de aterrizajes y despegues (slots) impedirá "aprovechar las sinergias" que tiene Aena, por lo que el coste de este servicio se incrementará "tanto si se externaliza como si se cubre de modo propio".
Comparable con Alemania
Para calcular los costes del coordinador de slots, el Gobierno toma como referencia la situación de Alemania, que tiene un volumen de operaciones similar al de España. Así, el coordinador germano gastó 2,9 millones de euros entre las temporadas de verano e invierno de 2012, con 2,17 millones de operaciones (en ese mismo periodo los aeropuertos españoles registraron algo más de 2 millones de operaciones).
"Podría considerarse que el coste anual de esta actividad en España, teniendo en cuenta el volumen de actividad que representa, sería cercano a 2,5 millones de euros", concluye el Ejecutivo, que precisa que el gasto se repartiría entre personal (un millón), tecnologías (650.000 euros), soporte administrativo (200.000 euros, alquiler de oficinas (200.000 euros), amortizaciones (275.000 euros) y otros conceptos como contingencias o consumos (175.000 euros).
No obstante, el Gobierno advierte de que el coste de personal podría incrementarse con respecto a esta previsión a resultas de la "posible necesidad de contratar efectivos adicionales para el seguimiento y/o realización en propio de algunas tareas".
Además, el Ejecutivo aboga por la puesta en marcha de un Plan de Transición durante el cual algunos servicios sigan siendo prestados por Aena, por lo que en la primera época de cambio de modelo el coste podría no llegar a los 2,5 millones.
Prestación patrimonial pública
Para cubrir estos costes, el Gobierno ha optado por un modelo de asociación privada integrada por Aena Aeropuertos y las aerolíneas que operan en España, de modo que la financiación del nuevo coordinador se hará prácticamente al 50% por los aeropuertos y al 50% por las empresas que superen las diez operaciones por temporada. Las que no lleguen a ese mínimo, sugiere el Ejecutivo, deberían estar exentas del pago de la prestación.
Así, se parte de que en el año 2012 hubo más de 1,6 millones de operaciones en España, que divididos entre el coste que se prevé para el coordinador darían como resultado una cuota de 1,70 euros para los slots y de 0,85 euros para los horarios autorizados (son otra fórmula más sencilla y, por tanto, más barata). En este coste se incluye tanto la operación de despegue como la de aterrizaje.
Dado que en España operan una veintena de aerolíneas con más de diez operaciones por temporada, las compañías aéreas deberán hacerse cargo de un coste de 995.896 euros, más los 11.850 euros que correspondería a los 250 operadoras exentas, cuyo coste se repercute entre todas las demás.
Según las previsiones del Gobierno incluidas en la memoria, esto supone que Ryanair tendría que pagar unos 178.937 euros (14,3% del total), Iberia unos 166.502 euros (13,3%), Vueling 107.251 euros (8,6%), Air Nostrum 102.620 (8,2%), Air Europa 74.449 euros (6%), easyJet 72.003 euros (5,8%), Binter Canarias 64.553 euros (5,2%), Air Berlín 56.935 euros (4,6%) y Lufthansa 22.999 euros (1,8%).
Le siguen Thomson Airways con 17.998 euros (1,4%), Air France con 16.167 euros (1,3%), TAP Air Portugal con 14.598 euros (1,2%), Transavia.com con 14.277 euros (1,1%), Monarch Airlines con 14.108 euros (1,1%), Norwegian Air Shuttle con 13.096 euros (1%), Jet2 con 12.275 euros (1%), Tuifly con 12.079 euros (1%), Swiss Airlines con 11.745 euros (0,9%), Swiftair con 11.691 euros (0,9%) y Condor con 11.613 euros (0,9%).
Por su parte, los trece aeropuertos coordinados españoles se tendrán que hacer cargo de casi 1,15 millones de euros, repartidos entre los 308.347 euros de Barajas (24,7%), los 239.684 euros de El Prat (19,2%), los 142.520 euros de Palma de Mallorca (11,4%), los 80.096 euros de Málaga-Costa del Sol (6,4%), los 78.745 euros de Gran Canaria (6,3%), los 51.951 euros de Alicante (4,2%) y los 44.897 euros de Tenerife Sur (3,6%).
Les siguen los aeropuertos de Ibiza, con 40.784 euros (3,3%); Valencia, con 40.331 euros (3,2%); Bilbao, con 37.165 euros (3%); Lanzarote, con 35.391 euros (2,8%); Fuerteventura, con 39.767 euros (2,4%) y Menorca, con 18.393 euros (1,5%).
Coordinador independiente
Aunque el nuevo coordinador del servicio de asignación de franjas horarias será designado por el Ministerio de Fomento, su independencia y autonomía respecto del Estado, del gestor aeroportuario, de los proveedores de servicios y de las aerolíneas debe estar garantizada a través de su sistema de financiación, de ahí la nueva prestación patrimonial.
Su función será asignar las franjas horarias en los aeropuertos españoles de manera "equitativa y no discriminatoria", y adaptando la capacidad existente de la red a las necesidades de vuelo, siempre con respecto al reglamento comunitario de esta materia. Además, el decreto incluye nuevas infracciones sobre el incumplimiento o retraso en el pago de la prestación patrimonial pública de asignación de franjas horarias.
Según el Ejecutivo, se ha elegido un decreto ley por la "urgencia" en la aplicación de este cambio normativo, ya que sólo así se puede paralizar el procedimiento de infracción que la Comisión Europea (CE) tiene abierto contra España al considerar que la legislación nacional vigente no garantiza la independencia funcional del coordinador de 'slots' e incumple, por tanto, el reglamento europeo.
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