El Gobierno prorroga el estado de alarma hasta el 26 de abril

En un comunicado, las organizaciones empresariales ofrecen su esfuerzo para detectar en el marco del diálogo social cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables a la crisis del coronavirus con el fin de aplicar con urgencia una suspensión fiscal que ya han adoptado -dicen- 22 países europeos y quince comunidades autónomas (al respecto, ver Medidas tributarias adoptadas en España y Europa por el COVID-19).

Los empresarios argumentan que no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del gran espectro empresarial para poder cumplir con los deberes tributarios

Como ejemplo, señalan que un 80% de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa y que en un 50% el tratamiento de facturas se realiza en papel, sin olvidar que el pago en ventanilla física de entidades financieras es aún muy frecuente.

Esto les impide solicitar aplazamientos, puesto que su tramitación sería en si misma un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre.

El estado de alarma se extiende hasta el 26 de abril.

Además alegan que muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o nulos ingresos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada.

En esa línea subrayan que este sentido el actual contexto requiere también seguir agilizando el crédito, por lo que piden que las líneas públicas de avales se amplíen con carácter inmediato, de los 20.000 millones iniciales a los 50.000 millones de euros y destinar este nuevo tramo especialmente a pymes y autónomos.

Insisten, además, en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTE) y que puedan mantenerse temporalmente después de finalizar el estado de alarma.