El retraso en regular las viviendas vacacionales en Madrid preocupa a los hoteleros

Madrid ultima un decreto para solucionar la ilegalidad en apartamentos turísticos, publicaba hace casi un año HOSTELTUR noticias de turismo.

El presidente de la patronal hotelera advierte que “nos han llegado numerosas reclamaciones de clientes que se consideran engañados por la confusa información que realizan las agencias de reservas online, al vender estas viviendas de uso turístico en igualdad de condiciones con los establecimientos reglados. Por otra parte, son casi diarias las llamadas telefónicas de vecinos angustiados por las molestias que les ocasiona tener al lado una vivienda utilizada con fines turísticos y sin ningún tipo de control y vigilancia”.

Antonio Gil reitera su confianza en que la Comunidad de Madrid se pondrá del lado del sector con una normativa restrictiva como la que ya tiene la ciudad de Nueva York, y no del de “aquellos que quieren jugar con ventaja sin importarles además los efectos colaterales que ocasionan”. (Información contenida en 'Los hoteleros piden el IVA superreducido para luchar contra la estacionalidad').

Desde la AEHM advierten que no exigir las mismas condiciones a las viviendas vacacionales que a los establecimientos turísticos sería perjudicial para el sector, los vecinos, la fiscalidad y el consumidor. Imagen Shutterstock

El presidente de la AEHM concluye sus declaraciones manifestando que un Decreto que no contemple a las viviendas para uso turístico con exigencias similares a las de los establecimientos turísticos sujetos a normativa, sería perjudicial para el sector de hospedaje, perjudicial para cualquier vecino de Madrid que en cualquier momento puede verse conviviendo con uno de estos “hoteles”, negativo para la fiscalidad y negativo para el consumidor que muchas veces desconoce lo que está comprando.

Asimismo “perjudicaría el equilibrio del mercado de alquileres en Madrid, ya que las empresas gestoras de este tipo de viviendas ofrecen a los propietarios condiciones más ventajosas que las de los alquileres habituales, suponiendo inmediatamente un encarecimiento de estos últimos como ha ocurrido ya en algunas zonas de Barcelona”. En Barcelona precisamente el Ayuntamiento aplicará multas de 90.000 euros a los pisos turísticos ilegales.

Por tanto, finaliza Gil, “el Gobierno regional debe decidir si apoya al sector del que depende casi un 10% del PIB o a los avispados inversores que ven en las viviendas para uso turístico la posibilidad de explotar un hotel sin las exigencias que tienen estos establecimientos”.