Los hoteles de Mallorca piden a los ayuntamientos medidas urgentes de apoyo

Las asociaciones han solicitado a los ayuntamientos turísticos de la isla la eliminación o en su caso la reducción de impuestos municipales y de servicios que han dejado de prestarse tras el cese actividad hotelera decretado por el Gobierno y que se prolongará, como mínimo, hasta el 10 de mayo.

El fin de esta petición es que los ayuntamientos, atendiendo a las instancias presentadas, puedan contribuir, en el marco de sus competencias y capacidades, a garantizar la supervivencia de las empresas y poder seguir generando empleo y actividad en el futuro. Otra cuestión importante que también se ha solicitado es que, el plazo durante el que la actividad hotelera permanezca cerrada, no se compute para el inicio y ejecución de las obras amparadas por licencia municipal, quedando suspendida por lo tanto la caducidad de dichas licencias a afectos de poder retomarlas más adelante sin necesidad de reiniciar la tramitación desde el principio.

En un escrito dirigido a varios ayuntamientos turísticos, las asociaciones hoteleras de Mallorca plantean que “la prioridad absoluta en materia económica radica en garantizar el mantenimiento del tejido productivo para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una recuperación de la actividad por todos los efectos positivos que ello tiene en el empleo y en la economía"

Y, en este sentido destacan que, durante este tiempo, en aplicación de la Orden SND/257/2020, 19 marzo, que declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 RD 463/2020, 14 marzo, de declaración del estado de alarma por el COVID19, la actividad hotelera, de hostelería y restauración ha quedado completamente prohibida, provocando un perjuicio de un alcance hasta ahora nunca vivido.

Fotografía de la Playa de Palma. Palma365/Lydia Coronel.

Conscientes de que el sector genera muchos puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en cada uno de los municipios turísticos, las empresas han querido proteger a sus trabajadores y les han incluido en los ERTE, aun cuando hasta la fecha, no existe ningún mecanismo de ayuda para las empresas en relación con los costes de seguridad social, más allá del periodo en que esté vigente la fuerza mayor.

Por este motivo las empresas, que deben reducir sus costes al máximo, ya que los ingresos serán inexistentes durante largo tiempo, reclaman a cada Administración que, en ejercicio de sus respectivas competencias, adopten las decisiones políticas y jurídicas necesarias para favorecer la supervivencia empresarial, y, en último extremo, evitar posibles procedimientos de reclamación individual primero en vía Administrativa, y después en vía jurisdiccional.

Las peticiones para solicitar la eliminación o en su caso la reducción sobre diferentes impuestos y tasas locales por los servicios que han dejado de prestarse tras la suspensión de la actividad hotelera son:

▪ IAE (Impuesto de actividades económicas)

▪ Tasa de ocupación de vía pública; tasas de recogida, tratamiento, gestión de residuos y canon de agua y alcantarillado.

▪ IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles. Se solicita acordar una minoración de los importes y aplazamiento de las cuotas e incluso posibilitar el fraccionamiento del pago.

▪ Abono de tasas municipales y del ICIO: los proyectos hoteleros suponen un importante desembolso de tasas municipales y del ICIO sujetos a breves plazos de liquidación, suponiendo su impago el inicio de un procedimiento de apremio o renuncia a la licencia obtenida. Se solicita su interrupción por el cese de actividad

▪ Plazo de inicio y de ejecución de obras sobre la base de licencias concedidas o que se vayan a conceder en los próximos meses. A pesar de estar completamente paralizada la actividad hotelera, los ayuntamientos han recibido solicitudes de licencia que no van a poder ejecutarse, por falta de tesorería, o por un cambio de prioridades empresariales a causa del COVID-19. Se solicita que el plazo durante el que la actividad hotelera permanezca cerrada no se compute a los efectos de inicio y ejecución de las obras amparadas por licencia municipal, quedando suspendida por lo tanto la caducidad de dichas licencias.