La economía española caerá un 9% y el desempleo llegará al 19% en 2020

Esta caída sin precedentes del PIB y la vuelta a niveles de desempleo de 2016 se incluyen en las nuevas previsiones del Programa de Estabilidad 2020-2021 remitido a Bruselas, que este viernes han presentado en rueda de prensa la vicepresidenta para asuntos económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La recuperación en forma de "V asimétrica"

La contracción económica será consecuencia del desplome del consumo de los hogares (8,8 %) y del hundimiento de la inversión (25,5 %) y las exportaciones (27,1 %), ha explicado Calviño, que ha dicho que la economía tocará fondo en el segundo trimestre de este año y se recuperará en forma de una "V asimétrica" que vista sobre el papel se asemeja al símbolo de la raíz cuadrada.

El rebote del PIB será del 6,8% en 2021, año en el que se espera que el consumo se recupere un 4,7%, que la inversión rebote el 16,7% y que las exportaciones crezcan el 11,6%, mientras que las importaciones subirán un 9,3%, en coherencia con el aumento del consumo y la inversión nacional.

Nadia Calviño y María Jesús Montero, en su comparecencia este viernes.

Según las previsiones, el empleo avanzará en 2021 el 5,7%, lo que permitirá disminuir la tasa de paro al 17,2 %

Calviño ha asegurado que aunque la incertidumbre aún es muy grande, desde la segunda quincena de abril se observa una estabilización en indicadores de alta frecuencia como la demanda eléctrica, el pago con tarjetas o la afiliación a la Seguridad Social.

Aumento del gasto público

El impacto sobre las cuentas públicas también será significativo, dado que las medidas puestas en marcha para paliar la crisis provocarán un aumento en 2020 del gasto público del 10,5%, hasta 576.714 millones de euros, mientras que los ingresos caerán un 5,3%, hasta 461.043 millones.

El déficit público se elevará a 115.671 millones y registrará el nivel más alto desde el cierre de 2012, cuando llegó al 10,7% del PIB, ha destacado Montero, que ha dicho que el Gobierno no está en condiciones aún de saber cuánto podrá bajar el déficit en 2021, una estimación que deja para el proyecto presupuestario del año próximo que se aprobará "en tiempo y forma", antes de que acabe septiembre.

Para financiar el déficit aumentará el endeudamiento, lo que llevará la deuda pública a un máximo histórico del 115,5% del PIB en 2020, en tanto que los intereses del pago de esa deuda subirán un 2%, hasta 29.019 millones.

Caídas en la recaudación

En 2020 todas las figuras impositivas disminuirán su recaudación, con caídas del 2,4% para el IRPF (hasta 96.655 millones), del 8,7% para el impuesto de sociedades (hasta 23.592 millones), del 5,2% para el IVA (hasta 76.731 millones), del 6,4% para los impuestos especiales (hasta 21.672 millones), del 37,9% para el impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y del 5,75% para las cotizaciones.

En la caída de las cotizaciones se incluye el impacto por la exoneración del pago de cuotas tanto de los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como de los autónomos en cese de actividad

Ambas cosas, junto con el deterioro temporal del mercado de trabajo, van a suponer un descenso de las cotizaciones en 9.227 millones, situación que el Gobierno prevé que remonte en 2021, una vez superada la emergencia sanitaria y dado el carácter transitorio de las medidas.

A ello se suma el gasto por importe de 17.894 millones de las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE.

En total, el Ejecutivo cifra en 138.923 millones el impacto presupuestario de todas las medidas adoptadas

Descartan subidas de impuestos

Montero ha descartado subidas de impuestos para paliar la merma de los recursos públicos, ya que la estrategia de recuperación pasa por proteger la renta de los ciudadanos para que crezca de nuevo el consumo en cuanto se vaya recuperando la normalidad.

Por la misma razón también ha desechado ajustes del gasto público, como una eventual congelación o bajada de los salarios de los empleados públicos.

Ha dicho, no obstante, que se acelerará la tramitación parlamentaria de los impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, aunque ha considerado que solo el digital podría estar en vigor antes de que termine el año, en el ultimo trimestre.