Baleares insiste en flexibilizar los ERTE en turismo y extenderlos

Según ha indicado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, la propuesta de la Mesa de Diálogo Social es que una vez que parte de los trabajadores incluidos en un ERTE vuelvan a reincorporarse al trabajo sin restricciones se mantengan las bonificaciones completas para los que sí continúen en el expediente.

Una de las propuestas es que los ERTE por causas productivas puedan estar bonificados y se plantean dos posibilidades: que se exoneren las cotizaciones al 100% de los trabajadores afectados por un ERTE (o un 50% en el supuesto de que queden desafectados) y otra alternativa es que se exonere parcialmente el pago de las cotizaciones, en diferentes grados, en función a su demanda turística internacional, y teniendo en cuenta la productividad regional

Negueruela ha detallado que otra de las propuestas planteadas al Gobierno, y también a las patronales y sindicatos estatales que participan en la Mesa de Diálogo Social española, es que, "opere el sistema que opere", los ERTE se apliquen por centros de trabajo, y no por empresas, teniendo en cuenta que la reanudación será progresiva en cada una de ellas.

"La Mesa del Diálogo Social de las Islas Baleares propone un mecanismo más ajustado a la realidad de la actividad turística, basada en la tramitación de ERTE por centro de trabajo y poder así aplicar estas medidas extraordinarias", explican en un comunicado.

Es que como ha ejemplificado, hay sociedades en ERTE con varios hoteles que pueden tener demanda para abrir uno de ellos pero desisten de hacerlo porque les supondrían un elevado coste laboral por los trabajadores de los establecimientos que permanecen cerrados. Días atrás, como publicaba HOSTELTUR, FEHM ya había exigido que reabrir los hoteles no genere penalizaciones en los ERTE.

Por otro lado, la Mesa de Diálogo Social, ha dado el visto bueno a la estrategia de diagnóstico de la COVID-19 en la reincorporación de trabajadores a las empresas, que contempla el ofrecimiento voluntario por parte de las empresas de pruebas serológicas para detectar anticuerpos del virus, test que los trabajadores también tendrán el derecho de rechazar.

Se ha establecido un protocolo para que cuando se produzcan resultados positivos los afectados sean sometidos a pruebas de PCR, cuya supervisión, registro y seguimiento de resultados corresponderá a Salud Pública, al margen de que los análisis los realice la sanidad pública o la privada.