El Gremio de Hoteles de Barcelona en contra de los “hogares compartidos”
Publicada 06/08/20 18:28h
El Gremio de Hoteles de Barcelona ha cuestionado el nuevo Decreto de turismo de la Generalitat de Cataluña, el cual autoriza al titular de una vivienda a alquilarla a terceras personas por una estancia que no supere los 30 días. Según los empresarios esta nueva modalidad no garantiza seguridad y “beneficiará nuevamente a los grupos y mafias que operan en Barcelona comercializando alojamiento turístico ilegal”.
La nueva regulación en Cataluña incluye como novedad los alojamientos compartidos y singulares, como publicaba HOSTELTUR, estableciendo en el primer caso que los titulares de las viviendas pueden alquilar a un máximo de cuatro personas, siempre que él viva allí, y solo necesitarán una cédula que los habilite.
Los ayuntamientos tendrán un plazo de un año para asumir esta tipología de alojamiento turístico y la plataforma Airbnb fue la primera en salir a dar el visto bueno a esta iniciativa.
Pero este jueves el Gremio de Hoteles de Barcelona advirtió que la nueva normativa “no contempla unos parámetros suficientemente exigentes para garantizar la gestión y el control del crecimiento de esta nueva modalidad, en aspectos de su fiscalidad; sus parámetros de seguridad; las condiciones laborales y, la capacidad inspectora para hacer seguimiento”
Por lo que han asegurado que los hogares compartidos “beneficiarán nuevamente a los grupos y mafias que operan en Barcelona comercializando alojamiento turístico ilegal y que, pondrá en riesgo la convivencia de la actividad turística con su entorno, así como, el trabajo por la excelencia y la calidad turística que defienden los principales agentes turísticos, como el hotelero”.
Los hoteleros han decidido “apelar al muy buen trabajo que el Ayuntamiento de Barcelona” para abordar esta nueva modalidad de alojamiento turístico, con el fin de “evitar su crecimiento descontrolado y prevenir sus efectos sobre la sociedad y sobre la calidad turística de Barcelona”, para lo cual consideran “indispensable” que la ciudad se pueda dotar con las herramientas legales “pertinentes, contundentes y efectivas” necesarias para su implantación y control en Barcelona.
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