Los pisos pirata que alojan turistas, acorralados en Cataluña

"Esta medida obliga a los titulares de soportes publicitarios y de comercializadores online a exigir la identificación del código RTC de toda la oferta de alojamientos turísticos que presentan", según explica la directora general de Turismo, Marián Muro.

Por tanto, la nueva medida legislativa ayudará a controlar la oferta ilegal de viviendas de uso turístico, remarca la dirección general de Turismo.

De hecho, Los servicios de inspección de la dirección general de Turismo de Cataluña han identificado cerca de 2.000 páginas webs que comercializan online viviendas de uso turístico y apartamentos. De momento se han abierto 55 expedientes sancionadores.

Cabe recordar que las viviendas turísticas que se alquilan por temporadas habían tenido el amparo de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, la nueva Ley del Alquiler aprobada el 23 de mayo de 2013 en el Congreso de los Diputados excluyó este tipo de alojamiento y traspasó las competencias a las comunidades autónomas.

Pero en la práctica, sólo unas pocas comunidades, entre ellas Cataluña, han regulado este sector.

Y esto ocurre mientras el alquiler de viviendas turísticas e incluso de habitaciones por días vive un boom gracias a las nuevas tecnologías que facilitan la comercialización online entre particulares, a menudo mediante webs p2p.

Ver también El alquiler turístico sigue en el limbo legal mientras acumula multas así como Alquiler vacacional: fenómeno al alza fuera de control.

Marián Muro, directora general de Turismo de la Generalitat de Cayalunya.

Presunción de ilegalidad

"A menudo, en la publicidad de apartamentos o viviendas de uso turístico, no aparecen datos básicos como puede ser la dirección, lo que dificulta el control del establecimiento por parte de la Administración. A partir de ahora, aquellos apartamentos y viviendas de uso turístico que se publiciten sin hacer constar el número de registro correspondiente tendrán la presunción de ilegales", informa la dirección general de Turismo.

"En todo caso, será el establecimiento que no se ha identificado correctamente quien tendrá que demostrar su situación de legalidad", añade la Generalitat.

La inscripción de las viviendas de uso turístico en el RTC se realiza de oficio por la Generalitat, a partir de la comunicación de inicio de actividad que hacen los propietarios ante el ayuntamiento en función de la ubicación de la vivienda.

Desde que comenzara este proceso de regularización hace poco más de un año, a fecha de hoy se han regularizado más de 25.691 viviendas de uso turístico y 205 establecimientos de apartamentos. En total, suponen 153.055 plazas de alojamiento turístico.

Dicha cifra supone que se ha regularizado ya el 30% de las 500.000 plazas que existen como oferta potencial de alojamiento turístico en viviendas y apartamentos, según cálculos de la Generalitat.

En Barceklona han proliferado las viviendas de uso turístico que se comercializan online. Imagen Shutterstock

Expendientes contra webs, gestores y propietarios

Por otra parte, de las 2.000 páginas webs que comercializan online viviendas de uso turístico y apartamentos, la Generalitat ha enviado requerimientos formales a 253 empresas titulares de dominios webs, de toda España y el extranjero.

En dichos requerimientos, la administración solicita información detallada de las propiedades que se comercializan en Cataluña como viviendas de uso turístico.
Los 75 requerimientos no atendidos han comportado la apertura de 55 expedientes sancionadores, por obstrucción de la actividad inspectora y por infracción del Código de Consumo de Cataluña.

Por otra parte, en lo que respecta a la inspección sobre propietarios y gestores de viviendas de uso turístico, la Generalitat ha realizado 3.739 actividades inspectoras, "que han derivado en la apertura de expedientes sancionadores que inciden en más de 8.000 plazas de alojamiento ilegal, distribuidas en 1.347 viviendas de uso turístico y 15 establecimientos de apartamentos turísticos no regularizados".

Ver también Multas de 90.000 € a los pisos turísticos ilegales en Barcelona.