El Gobierno canario asegura que la ley turística no vulnera la directiva europea
Publicada 24/02/14
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha lamentado que el Estado se "entrometa" en una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma y dijo que se ha regulado en una ley "que no vulnera en absoluto los criterios fijados en la Directiva Europea de Liberalización de Servicios".
Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en El Gobierno acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística de Canarias, el ejecutivo afirma que la la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias (LRMT) vulnera la directiva.
En un comunicado, Berriel señaló que los objetivos principales de la ley son la rehabilitación de la planta obsoleta y el desarrollo sostenible del sector; de ahí la decisión de condicionar la construcción de hoteles en suelo nuevo, con categoría inferior a cinco estrellas, a la obtención de plazas provenientes de la rehabilitación de otros espacios.
Recalcó aquí que la norma canaria lo que hace es flexibilizar los criterios para la construcción de establecimientos turísticos que estaban en vigor antes de la reforma legislativa.
Aun así, el consejero apuntó que el Gobierno de Canarias sigue escuchando todas las aportaciones del Estado, las administraciones canarias y los agentes económicos y sociales para mejorar una ley cuyo reglamento está ahora mismo en tramitación y que prevé una completa evaluación de resultados al cabo de un año de vigencia, que se cumple en mayo. Ver también La Ley de Renovación Turística es constitucional, según el Gobierno canario.
Resultados "esperanzadores"
Unos resultados que, a su juicio y a pesar del poco tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, "están siendo muy esperanzadores", al haber aumentado el número de constructores e inversores que se han interesado por los incentivos a la renovación y que se adhieren a los diferentes Planes de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad que el Gobierno está implementando en las zonas turísticas obsoletas.
Por su parte, con la intención de no detener este proceso renovador y alcanzar el máximo consenso sobre una norma que constituye una pieza básica para impulsar la recuperación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento en el sector turístico canario, Berriel recordó que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, solicitó a su homólogo estatal, Mariano Rajoy, que el Estado no hiciese uso de su "exorbitante" potestad para instar a la suspensión cautelar de la Ley canaria hasta que el Tribunal Constitucional falle sobre el recurso.
"Sobre esta posible suspensión -añadió Berriel- es necesario considerar que se trata de una ley que está vigente desde hace nueve meses y que ha venido ofreciendo un régimen jurídico claro y bien definido a nuestro sector turístico e inversores, por lo que su suspensión, aunque sea de manera cautelar, introduciría un factor distorsionante, que el Gobierno de Canarias tratará de solventar".
Canarias contestará "debidamente" al recurso
En este sentido, explicó que, una vez le conste a la Comunidad Autónoma la efectiva interposición del recurso de inconstitucionalidad y la eventual suspensión de alguno de los preceptos de la Ley, el Gobierno de Canarias contestará "debidamente" y en el momento que corresponda, adoptando las medidas precisas para garantizar la seguridad jurídica al sector y evitar que se ponga en riesgo la continuidad de un proceso renovador, que tan buenos resultados está dando en el desarrollo económico del Archipiélago y la creación de empleo.
"Este Gobierno siempre ha estado y estará abierto al diálogo para la mejora de la Ley de Renovación Turística y la prueba son los mecanismos de evaluación previstos en la propia norma, pero sin olvidar que su principal objetivo es la renovación de lo obsoleto y no la ocupación de más suelo al margen del estado en que se encuentra lo ya construido", matizó.
Precisamente en el ámbito del diálogo, "Canarias planteó, en el seno de la Comisión Bilateral, propuestas alternativas para la flexibilización de los preceptos criticados por el Estado, que fueron sistemáticamente rechazadas por los representantes del Ministerio de Turismo".
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