La Justicia avala el plan de pisos turísticos de Carmena
La sentencia respalda la normativa municipal porque frena la gentrificación
Publicada 13/02/21
El controvertido plan de la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para frenar la proliferación de pisos turísticos en el centro de la capital ha logrado finalmente el aval de la Justicia, aunque no es una regulación del gusto de la actual corporación, que precisamente estaba esperando la sentencia de los tribunales para aprobar una nueva normativa, como publicó HOSTELTUR.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el Plan Especial de Hospedaje (PEH) aprobado en 2019 por el entonces gobierno municipal de Manuela Carmena que, entre otros requisitos, exigía a las viviendas de uso turístico licencia de actividad, acceso independiente y limitaba el alquiler a un máximo de 90 días al año.
El PEH es una regulación del gusto de los hoteleros madrileños pero que en cambio ha sido rechazada por los propietarios de pisos turísticos, las grandes plataformas como Airbnb y también por el Partido Popular y Ciudadanos, actualmente en el Gobierno municipal.
En su sentencia, los magistrados del TSJM se refieren a una resolución de noviembre de 2020 que alude al deber de las administraciones públicas de evitar en las grandes ciudades su "desertización (gentrificación), en determinados lugares, al alterarse la forma de vida de los residentes habituales, debido a la transformación –de hecho– de un uso tradicional residencial, en otro, pujante y turístico, con todas la consecuencias que de ello se derivan".
Y añade que "es evidente que cuando más auténtico es un lugar, a más gente atrae, pero, cuanta más gente atrae, más se diluye su auténtica identidad, y con ello la vida de los residentes habituales del mismo lugar".
Este viernes, el Ayuntamiento de la capital dice que aunque la justicia dice que el Plan de Carmena para las viviendas turísticas "es legal" en la práctica ha sido "completamente ineficaz", y precisa que "desde su entrada en vigor, las VUT pasaron de 8.000 a 14.000, lo que demostró que la prohibición de facto no solo no ha solucionado nada, sino que lo ha agravado al condenar esta actividad a la clandestinidad".
El consistorio agrega que su objetivo es "convertir estas viviendas de alquiler vacacional en viviendas de alquiler de larga estancia a través de nuestro Plan de Alquiler municipal".
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