La Ley de Unidad de Mercado, un nuevo reto para el sector

La Ley de Unidad de Mercado entró en vigor el pasado 11 de diciembre, pero su aplicación es efectiva desde este mes cuando la licencia única, la medida estrella de la nueva normativa, ha echado a andar. Su objetivo es eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas y que las empresas puedan operar en las diferentes Comunidades Autónomas con la única condición de cumplir la normativa de su región de origen. En la actualidad, las compañías se ven obligadas a desarrollar 17 versiones distintas de un mismo producto para optar a otras tantas licencias cuando su objetivo es ofrecer el mismo servicio.

A partir de ahora la forma de operar será más sencilla. Los productores tendrán que pedir una sola licencia en una región y con ella podrán comercializar sus productos en todo el país. En el caso de los prestadores de servicios, deberán solicitar también una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que sucede en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

La nueva ley supondrá la armonización de más de 2.000 normativas estatales, autonómicas y locales. Imagen Shutterstock

La diversidad normativa supone un elevado coste para las empresas ya que se ven obligadas a dedicar gran parte de sus recursos a analizar las diferentes regulaciones autonómicas y locales para adaptar sus servicios a las distintas exigencias legales. De hecho, el Gobierno sostiene que reducir la actual “maraña administrativa” en el funcionamiento de las empresas ayudará a mejorar la competitividad de la economía española. Estima que la reducción de cargas administrativas supondrá una contribución del 1,5% al Producto Interior Bruto (PIB) en 10 años. Es decir, generará 1.500 millones de euros anuales a la economía.

Antigua reivindicación

La homogeneización normativa es una antigua reivindicación del sector turístico. Según explica el presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, a comienzos de 2002, esta agrupación encargó un estudio sobre la unidad del mercado turístico español, y el resultado fue “un informe de siete amplios volúmenes, donde se demostraba que todos los sectores turísticos habían sufrido, en mayor o menor medida, algún tipo de regulación diferenciada, según la comunidad autónoma en la que estuviera su sede”.

Desde ese momento, la Mesa del Turismo viene demandando “una legislación que, sin perjuicio de las competencias que nuestro régimen jurídico, nacido de la Constitución española de 1978, establece de una manera indubitada, garantice también la libertad de empresa proclamada en el artículo 38 de la propia Constitución”. Matutes considera que “el interés general turístico, los derechos de los consumidores y los de libertad de empresa, completados con la igualdad en el ejercicio de la actividad económica, debe ser un marco cuyos límites no deberían ser superados por las legislaciones autonómicas ni locales”.

Es también una reivindicación constante por parte del lobby turístico Exceltur porque “es una sinrazón tener 19 legislaciones turísticas para hoteles, otras tantas para agencias de viajes o para restaurantes, por no hablar de normativas más transversales como las de seguridad o higiene”, sostiene su vicepresidente ejecutivo José Luis Zoreda. Teniendo en cuenta, además, que “estas diferencias encarecen la operativa empresarial, no confieren ninguna ventaja competitiva a ninguna comunidad autónoma”, añade.

En la actualidad cada comunidad autónoma tiene su propia legislación para hoteles, agencias de viajes o restaurantes. Imagen Shutterstock

La nueva ley implica la homologación y racionalización de 2.700 reglamentos. Se calcula que 253 normas afectan directamente al sector turístico. El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, considera que los preceptos afectados pueden ser incluso más, como la normativa medioambiental de gestión de residuos, que sin ser específica para el sector tiene importantes consecuencias para el mismo.

Un desafío

La puesta en marcha de la Ley de Unidad de Mercado no será fácil, especialmente para el sector turístico, donde las competencias están muy repartidas, además, muchas normativas son incluso contradictorias entre las regiones españolas. “Se necesita voluntad política para conseguirlo”, afirma Estalella, pero insiste en que “hay que intentar ser más eficientes”.

Para José Luis Zoreda, el verdadero compromiso para aplicar la nueva normativa “debe estar en el propio sector empresarial, que es quien tiene que tener capacidad de influencia para llevar a cabo esta simplificación administrativa. En nuestra propia responsabilidad empresarial está buena parte de la posibilidad de que esto se lleve a buen término”.

Hasta la fecha hay claros precedentes de resistencia a unificar criterios. El celo competencial ha llevado a algunas autonomías a rechazar el sistema europeo de clasificación hotelera (HotelStars Union), basado en un modelo de puntos según los servicios ofrecidos. Quince países europeos han adoptado ya este sistema, mientras que en España sólo Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja se han adherido.

Otro claro ejemplo es el que ahora se plantea con la necesidad de desarrollar una legislación para regular las plataformas de reservas de apartamentos pertenecientes a propietarios particulares. Según explica el secretario general de la Cehat, “es un fenómeno nuevo, y es necesario hacer una legislación que proteja a los residentes y evite la economía sumergida”, explica. Sin embargo, “cada comunidad autónoma va a hacer su propia normativa sobre estas plataformas y todas distintas”, precisa.

La armonización normativa se convierte también en un punto de partida fundamental para la eficiencia del nuevo Plan Integral de Turismo Rural presentado el pasado 18 de febrero por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Es más, es “un elemento imprescindible para el éxito de las actuaciones de promoción y comercialización”, asevera dicho departamento a través de un comunicado. Explica que antes existían 35 disposiciones de regulación de estos alojamientos, que daban lugar a 55 tipologías.

Dicho plan considera fundamental la creación de un logotipo único que distinguirá cinco categorías a través de estrellas verdes. La Conferencia Sectorial aprobó hace un año un documento base de homogeneización de la normativa de alojamientos rurales para facilitar la promoción internacional del producto. Entre otras medidas prevé introducir dicho símbolo en las clasificaciones de los alojamientos, pero alguna comunidad, como Cataluña, ya objetó que introducir ahora este símbolo podría originar confusión y dijo que mantendría su modelo turístico frente al estatal.

Este reportaje ha sido publicado en la revista de marzo de Hosteltur.