El Supremo falla a favor de Airbnb en el conflicto con el Govern balear

El Supremo ha considerado que la postura del Govern va en contra de las directrices de la Unión Europea, además de no haber justificado debidamente ninguna excepción para pretender restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información, ni haber seguido el procedimiento adecuado para ello.

El conflicto se remonta a 2018, cuando el Ejecutivo regional sancionó con 300.000 euros a Airbnb por no incluir en su web el número de inscripción de las viviendas que se alquilaban, tal y como exigía la Ley Turística de Baleares de 2012.

Ante esta sentencia, Airbnb ha manifestado que sigue "tendiendo la mano" al Gobierno de las Islas Baleares, tal y como ya afirmó ante la sentencia positiva del TSJB, para trabajar en soluciones acordes a los desafíos que tienen las diferentes comunidades de las islas.

El conflicto se remonta a 2018, cuando el Govern sancionó a Airbnb por no incluir en su web el número de inscripción de las viviendas que se alquilaban

Pone como ejemplo de colaboración público-privada el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con el Consell d'Eivissa para ayudar en la lucha contra el alquiler ilegal.

Airbnb y el Consell Insular ibicenco acordaron trabajarán juntos para ayudar a los anfitriones a cumplir con la regulación local y apoyar las tareas de inspección de las autoridades. Este acuerdo consiste en un protocolo para requerir información sobre aquellos anuncios que las autoridades hayan iniciado expedientes sancionadores porque no cumplen con la regulación local y que Airbnb eliminará posteriormente de la plataforma.