Cientos de urbanizaciones costeras anteriores a 1988 serán legalizadas

El propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirma que el Gobierno ha promovido la solución a "un problema histórico".

Durante una sesión de control al Gobierno que tuvo lugar en el Senado el pasado 9 de abril, Cañete explicó que cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988 existían núcleos costeros de población que no estaban calificados como urbanos, "aunque reunían las condiciones para ello, ya que disponían de los servicios obligatorios, como acceso rodado, abastecimiento de agua y energía eléctrica, entre otros".

Por este motivo, añadió el ministro, bajo la ley de 1988 se aplicó a dichos núcleos costeros una zona de servidumbre de protección de 100 metros para espacios no urbanos, en lugar de los 20 metros propios de los núcleos urbanos, “con el consiguiente perjuicio, injustificado desde el punto de vista de la protección del litoral”.

Requisitos más flexibles

Ahora, “este Gobierno ha afrontado el problema, aportando una solución razonable y realista”, dice el ministro.

Así, la nueva ley fijará unos "requisitos más flexibles que los incluidos en la Ley de Costas de 1988 para resolver el problema de los núcleos urbanos no clasificados como tales hace 25 años", según informa el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Tales requisitos vienen marcados por la enmienda 182 al proyecto de ley, presentada por el PP en el Senado y pueden ser alguno de los siguientes:

a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.

b) Que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie.

Es decir, numerosos núcleos costeros se van a ver beneficiados por la reducción de la servidumbre de protección, que pasará de 100 a 20 metros, de modo que ya no tendrán problemas para solicitar permisos de obras y regularizar su situación.

Según indica Agustín Almodóbar, senador por Alicante y portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la modificación legal "otorga garantía jurídica al que tenga viviendas o negocios, posibilitando la generación de riqueza. Cualquier gestión urbanística queda regulada por los criterios de las consejerías autonómicas y por el propio ministerio".

En todo caso, remarca Almodóbar, la nueva ley "posibilita el poder hacer uso del litoral para la práctica de cualquier actividad que contribuya a un desarrollo económico, siempre por supuesto, dentro de unos parámetros de sostenibilidad, pero haciendo compatible la protección del medio ambiente, de nuestro litoral, con la actividad turística y de ocio".

Núcleos excluidos del dominio público marítimo terrestre

Por otra parte, la nueva Ley de Costas incluye un anexo con una relación de doce núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre:

• Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante.
• Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.
• Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón.
• Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona.
• Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.
• Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva.
• Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
• Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
• Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
• El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
• Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra.
• Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.

"Sólo en algunos casos se ha optado por excluir del dominio público antiguos núcleos de viviendas, plenamente urbanizados”, dice el ministro. Se trata, ha añadido el ministro, de terrenos que han perdido sus características naturales de espacio litoral susceptible de protección ambiental.

Rechazo de grupos ecologistas

Por su parte, grupos ecologistas han expresado su rechazo a la reforma de la Ley de Costas.

Según sostienen, la nueva ley "de forma grave, ignora totalmente los impactos previsibles del cambio climático sobre el litoral, ya que desprotege grandes tramos de litoral cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de protección en las rías, y declarar suelo urbano zonas del frente litoral que también reducirían la servidumbre de protección a 20 metros en estos tramos".

Además, los grupos ecologistas considera que "mientras se excluyen del dominio público marítimo terrestre doce núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera, sin ningún tipo de criterio medio ambiental ni científico, se excluyen de este dominio ecosistemas sumamente importantes para el equilibrio de la costa, como son las marismas mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en movimiento, perdiendo así la franja de 100 metros de servidumbre de protección asociada a ellos".

Ver también Grupos ecologistas solicitan parar la reforma de la Ley de Costas.

El Parlamento europeo interviene

Cabe apuntar también que una delegación del Parlamento Europeo viajó el pasado mes de marzo a Madrid para analizar las denuncias sobre la Ley de Costas.

"La reforma de la Ley de Costas quizás plantee mejoras en ciertos aspectos con respecto a la ley de 1988, pero sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogantes más sobre protección medioambiental", resumieron en Madrid los eurodiputados. Ver El Parlamento europeo analiza las denuncias sobre la Ley de Costas.