Aena se niega a indemnizar a los usuarios por el cierre del espacio aéreo

Asimismo, Aena se ha acogido al artículo 1.903 del Código Civil que establece que la responsabilidad de una persona o entidad que debe responder por los daños causados por un tercero "cesará" cuando pruebe que "empleó toda diligencia" para prevenir el daño, por lo que el gestor aeroportuario no sería responsable civil subsidiario de los perjuicios que la paralización de actividades pro parte de los controladores causó a los usuarios.

Con tales argumentaciones, Aena ha respondido a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, que el pasado 22 de septiembre, tras haber tomado declaración a los controladores imputados, incluyó al gestor aeroportuario entre los posibles responsables subsidiarios de los daños causados.

Los servicios jurídicos del Estado alegan también que esa decisión adolece de un defecto de forma, ya que la juez debía acordarlo mediante providencia y no a través de un auto, tal y como lo hizo.

La juez por su parte ha solicitado al Ministerio de Fomento que identifique a las personas que intervinieron en los grupos de trabajo encargados de las negociaciones laborales entre Aena y los controladores desde agosto de 2010.

Paralelamente, la magistrada continúa tomando declaración a los controladores imputados por el caos aéreo y a directivos del gestor aeroportuario. Este jueves están previstas las comparecencias de la jefa del Departamento de Operaciones de Aena, Mónica Palacios; el director de Navegación Aérea de la Región Centro-Norte, Gabriel Novelles; y el jefe de División Regional de Servicio de Tráfico Aéreo (ATS), Antonio Almodóvar; según fuentes judiciales.

Rebatida por los afectados

A su vez, la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, que representa a cerca de 10.000 afectados, también ha presentado un escrito en el que rebate los argumentos de Aena.

Esta asociación recurre al artículo 121 del Código Penal, que sostiene que los entes públicos, entre otros, "responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de los mismos o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones".

Dicho artículo fija también que la responsabilidad se puede exigir "siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados".

Para la asociación de afectados, las alegaciones de Aena carecen de fundamento, ya que "si sus trabajadores han cometido un delito en el ámbito de sus funciones, deben asumir esa responsabilidad".