Desde el Gobierno de España se apunta que el pasaporte COVID aprobado por la Unión Europea está pensado para "facilitar la movilidad entre países" y su aplicación en las circunstancias previstas por los gobiernos autonómicos tiene que estar avalada legalmente.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho hincapié en que es necesaria una regulación legal para permitir el uso que proponen Galicia y Canarias de ese documento, ya que, según aclaran a EFE fuentes de Sanidad, el certificado digital europeo de momento solo está aprobado para facilitar la movilidad entre países y hay que ver desde el punto de vista legal cómo se le puede dar otros usos.
Cabe recordar que certificado COVID europeo entró en vigor el pasado 1 de julio.
En cualquier caso, otros países de Europa ya están exigiendo este tipo de documento (como Portugal, Francia y Grecia) o tienen previsto pedirlo próximamente (Irlanda y Bélgica) en diferentes ámbitos que incluyen también, además de la hostelería, los cines y teatros, recintos deportivos o centros comerciales.
También Alemania está estudiando aplicar esta medida para restaurantes. Pero los propietarios de estos establecimientos se preguntan: ¿también nos toca ahora hacer de policías, pidiendo documentos a los clientes?
¿Qué dice la Organización Mundial del Turismo?
Según apunta el Comité Mundial de Ética del Turismo de la OMT, "los certificados COVID-19 para viajes internacionales deben ser gratuitos, de acceso universal y no discriminatorios. También deben tener limitaciones en cuanto a tiempo y uso".
Dicho comité está formado por directivos del sector turístico, expertos de ámbito académico así como integrantes de organizaciones internacionales. Su conclusión es que "tales certificados pueden ser compatibles con un turismo ético, aunque su uso debe ser proporcionado, medido y responsable".
Esta recomendación, dice Pascal Lamy, presidente del Comité de Ética del Turismo, debería servir para proporcionar "un marco ético global que ayude a la tan necesaria recuperación del turismo".
Protestas
En principio, los pasaportes COVID fueron lanzados por la Unión Europea para facilitar los viajes internacionales.
Es decir, estos certificados se diseñaron para dar más agilidad, seguridad y rapidez a los procesos de verificación de documentos en lugares como los aeropuertos.
Pero el hecho de que ahora estos mismos documentos (que pueden ser llevados en formato digital en el smartphone) hayan pasado a ser obligatorios en numerosos sitios para acceder a locales de hostelería, recintos deportivos, cines, teatros o centros comerciales, ha comenzado a desatar protestas en varios países de Europa.
A favor y en contra
Según apunta Pablo Díaz, profesor experto en Turismo de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, la idea original de los pasaportes COVID (facilitar la movilidad internacional), estaba bien planteada.
"Es una medida claramente económica, destinada a salvar en la medida de lo posible al sector, y social, por el derecho a viajar o desplazarse", comenta.
El docente de la UOC también valora que estos certificados incluso vienen a ser un "acto compensatorio a los turistas de mayor edad", los que antes se vacunaron en España y podrán moverse. "Es justo favorecer el turismo de las personas de mayor edad, que tanto han sufrido el confinamiento", propone.
No obstante, Fabiola Leyton, profesora colaboradora de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, advierte que el pasaporte COVID puede ofrecer incluso "una falsa sensación de seguridad" al portador y constituye además una "medida discriminatoria".
"Los ciudadanos que no tienen acceso a la vacuna verían obstaculizada injustamente su libertad de movimiento. Esta situación "marcará aún más la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres", apunta Leyton.
Opina lo mismo Oriol Yuguero, profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC: "El acceso a la vacuna de la COVID-19 no es universal". Por tanto,el pasaporte COVID "genera ciudadanos de primera y segunda". Ver también:
Imagen del certificado COVID aprobado por la Unión Europea, que entró en marcha el pasado 1 de julio.
Polémica por el uso del certificado COVID en España
El pasado 15 de julio, el secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana, Francesc Colomer, proponía extender el uso del certificado verde digital de la Unión Europea “a todo el sector turístico y del ocio para, de esta manera, garantizar la tranquilidad de los usuarios y la seguridad de los establecimientos”.
Planteaba, en concreto, que dicho documento sea exigible no solo para viajar, sino también para recintos culturales, conciertos, festivales u otras actividades relacionadas con la hostelería y la industria turística.
Asimismo, Colomer apuntaba que el uso del certificado en el ámbito turístico y del ocio “también puede contribuir a facilitar y alentar el ritmo de vacunación en aquellos segmentos o franjas de edad que puedan haberse mostrado más reticentes a la vacuna”.
Sin embargo, días después el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no consideraba "oportuno" ni "correcto" que se aplique la opción de pedir el certificado en la hostelería y el ocio en general hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población.
"Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", ha destacado Puig, quien ha agregado que es una cuestión que hay que analizar de una manera "serena, tranquila", y viendo "todas las fortalezas y debilidades de esta opción".
Por su parte, Cataluña descarta de momento aplicar esta medida para evitar "perjudicar" a quienes aún no han recibido la vacuna.
"En estos momentos, no es una realidad", dijo el pasado 27 de julio la portavoz del gobierno catalán, Patricia Plaja, que no ha descartado que en un futuro la Generalitat estudie su implementación porque "las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles".
Otra comunidad que no lo contempla es Madrid, que "de momento" no prevé solicitar ningún documento en hostelería o lugares de ocio, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que "por una vez ejerza labores de coordinación" para su aplicación, según informa la agencia de noticias Efe.
En esa misma línea se manifestó Castilla-La Mancha, cuya portavoz, Blanca Fernández, afirmó que esta medida debe adoptarse en el marco nacional, porque "si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas".
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